El Calor en Mexicali: Un Riesgo Real
En Mexicali, el calor no es solo un dato meteorológico; representa un umbral de peligro. Durante el verano, las temperaturas rebasan los 50 grados Celsius, convirtiendo el suministro eléctrico de una simple prestación técnica en una necesidad vital. En este contexto, los apagones prolongados son más que fallas: son interrupciones a derechos fundamentales como la salud, la vivienda, el trabajo y el acceso a servicios públicos.
El Derecho a la Electricidad como Derecho Humano
Desde una perspectiva constitucional, el acceso a la electricidad debe considerarse un derecho humano derivado. Esto se encuentra respaldado por el artículo 1º constitucional, el PIDESC, la CADH y el Protocolo de San Salvador. Este derecho no es autónomo, pero sí es esencial para ejercer otros derechos protegidos. A través del principio pro persona, su protección debe ser prioritaria y ampliada, especialmente en situaciones de vulnerabilidad climática y social.
Impactos en el Hogar y la Comunidad
El impacto se siente directamente en los hogares. Los apagones provocan pérdidas de alimentos, daños a electrodomésticos, interrumpen la refrigeración de medicamentos y obligan a las personas a desplazarse a viviendas ajenas o hoteles. En algunas colonias vulnerables, las familias han estado sin electricidad durante más de 38 horas, enfrentando pérdidas patrimoniales que superan varios miles de pesos por hogar. Desde un enfoque jurídico, esto constituye una violación directa al derecho a una vivienda adecuada, que exige condiciones habitables mínimas.
Afectaciones al Sector Productivo
En el ámbito productivo, la electricidad es más que un insumo: es infraestructura necesaria para el funcionamiento económico. Los apagones afectan fábricas, comercios, restaurantes y servicios esenciales. El sector empresarial ha reportado pérdidas que ascienden a millones de pesos en lo que va del año. Esto no solo frena el empleo, sino que también inhibe la inversión y vulnera el derecho al trabajo y al desarrollo económico.
Consecuencias para los Servicios Públicos
Desde lo institucional, los cortes afectan hospitales, clínicas, sistemas de agua, cuerpos de emergencia y oficinas públicas. Un apagón en un hospital puede cancelar cirugías, suspender el uso de ventiladores mecánicos o poner en peligro la vida de pacientes que dependen de electricidad. Aquí, el daño no solo es técnico; es estructural y jurídico. Cuando el servicio cae por falta de energía, se interrumpe el ejercicio efectivo de los derechos garantizados por el Estado.
La Crisis Estructural de la Electricidad
Lo más preocupante es que no hay indicios de mejoría. Desde 2019, no se han construido nuevas subestaciones, el parque de postes tiene más de 70 años de antigüedad, y los transformadores se sobrecalientan sin protocolos correctivos. Las soluciones operativas son precarias, como colocar hielo sobre equipos averiados. Según cifras oficiales, la CFE reconoce ser responsable de una gran parte de los apagones que se han registrado en 2025.
Exigibilidad de Derechos y Responsabilidad del Estado
Esta problemática no puede considerarse una simple falla operativa; debe ser vista como una crisis estructural en el acceso efectivo al sistema eléctrico. La dimensión jurídica debe ampliarse: el suministro eléctrico continuo debe ser considerado un componente esencial del derecho a la ciudad, especialmente en contextos de clima extremo. Mexicali no solo está en crecimiento, sino que se expande sobre una red colapsada. Cuando una ciudad se expande bajo una infraestructura inadecuada, el verdadero riesgo no es el apagón, sino la exclusión. Desde el marco de derechos humanos, es posible activar acciones de exigibilidad directa: amparos individuales o colectivos, denuncias ante autoridades administrativas y mecanismos de exigencia legislativa. La ciudadanía dispone de herramientas para defender su acceso a la electricidad como parte de un hábitat digno. Además, el Estado tiene la obligación constitucional de exigir a la Federación y a la CFE el cumplimiento de los planes de inversión, mantenimiento y modernización del sistema eléctrico. No debe seguir justificando ni normalizando el abandono energético de la región.
Porque lo que se apaga con la luz no es solamente un foco; se apagan la salud, la dignidad, el empleo y la vida cotidiana. En Mexicali, la electricidad no es un lujo técnico: es la llave de acceso a todos los demás derechos.
Guillermo E. Rivera Millán es abogado y Director General de la firma De la Peña y Rivera S.C., además de ser fundador de Justicia que Transforma México, A.C.
