El Gobierno de Donald Trump expresó su respaldo a Argentina en la controversia que enfrenta contra un grupo de accionistas de YPF en tribunales estadounidenses. Tal como anticipó, el Departamento de Justicia presentó un amicus curiae ante la Cámara de Apelaciones, oponiéndose a la orden de la jueza de primera instancia Loretta Preska, que exigía al Estado argentino entregar el 51% de las acciones de YPF que le permiten controlar la empresa.
La Cámara de Apelaciones ha suspendido temporalmente la orden emitida por Preska. Las autoridades judiciales de EE. UU. solicitaron que se mantenga la suspensión para evitar conflictos internacionales y asegurar que el proceso judicial se gestione adecuadamente en la apelación.
El argumento principal del documento es la necesidad de aplicar correctamente los principios de inmunidad soberana extranjera bajo la ley pertinente. El Departamento de Justicia señaló que estos temas pueden tener repercusiones significativas para las relaciones exteriores de Estados Unidos y afectar el trato recíproco de sus bienes en los tribunales de otros países.
Manuel Adorni, portavoz presidencial argentino, expresó su agrado por el apoyo estadounidense, tanto durante la administración de Trump como el año pasado con Joe Biden, en contra de la transferencia forzada de las acciones de YPF a los demandantes como parte del pago por los más de 16.000 millones que el Estado argentino fue condenado a abonar inicialmente.
El respaldo de Trump obligó a los demandantes, Burford y Eton Capital, a reaccionar. Según Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, los beneficiarios del fallo sobre YPF informaron a la Corte de Apelación que no desean retener las acciones de YPF si el país triunfa en su apelación. A pesar de esto, se opusieron a que se permita a la Argentina recurrir el fallo adverso sin depositar una garantía.
El litigio relacionado con la renacionalización de YPF en 2012 es el más costoso al que se enfrenta Argentina fuera de su territorio. La causa se inició en 2015, tras un acuerdo de la administración de Cristina Kirchner para indemnizar a Repsol con aproximadamente 5.000 millones de dólares por la expropiación del 51% de sus acciones en la empresa.
Si bien el Gobierno de Kirchner tomó suficientes acciones para recuperar el control estatal sobre YPF, no ofreció las mismas condiciones a otros accionistas, como lo requiere el estatuto de la empresa. El fondo de inversión Burford, especializado en litigios internacionales, adquirió los derechos de dos sociedades del grupo Petersen, que habían estado en quiebra. Con estos derechos, que representan el 70% de la posible indemnización, Burford presentó una demanda millonaria ante la justicia estadounidense por no haber lanzado una OPA sobre la totalidad del accionariado de YPF.
Argentina perdió en primera instancia y fue condenada a pagar 16.100 millones de dólares más intereses a los demandantes en 2023. Actualmente, busca revertir este fallo ante un tribunal superior. En días recientes, Burford y Eton Capital han intentado llegar a un acuerdo extrajudicial, al que se opone firmemente el Estado argentino, que ha declarado que no negociará con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier discusión malintencionada.
