El curso judicial del Supremo ha concluido, pero la serie de triunfos para Donald Trump continúa. La última victoria se produjo este lunes, cuando el alto tribunal autorizó a su Administración a proceder con el despido masivo de empleados del Departamento de Educación, lo que facilita el desmantelamiento de dicha agencia, un antiguo objetivo del presidente de Estados Unidos y una de sus promesas de campaña que lo trajo de regreso a Washington.
La mayoría conservadora decidió levantar la medida cautelar impuesta por un juez federal que se opuso a estos despidos mientras se esperaba la resolución definitiva. Este fallo de emergencia fue decidido por un margen de 6-3, por lo que no era necesario incluir una argumentación extensa.
Las tres juezas liberales, Elena Kagan, Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson, expresaron su desacuerdo con la decisión de sus colegas, de los cuales tres fueron designados por Trump durante su primer mandato.
Sotomayor, en representación de las tres magistradas, calificó la resolución de “indefendible”. Según ella, “la mayoría o ignora deliberadamente las repercusiones de su fallo o es ingenua; de cualquier forma, representa una grave amenaza para la separación de poderes en nuestra Constitución”.
De este modo, el Supremo contradice al juez federal de distrito de Massachusetts, Myong Joun, quien había sentenciado en mayo que Trump requería la aprobación del Congreso para que el despido de aproximadamente 1,400 funcionarios, ordenado en marzo, fuese legal. La decisión tomada este lunes no aborda de manera definitiva el fondo del asunto, pero permite que esos empleados sean despedidos mientras el proceso judicial continúa. Es muy probable que muchos de ellos ya estén en otros sectores cuando un juez dictamine su posible readmisión.
Deriva autoritaria
La semana pasada, el Supremo permitió a la Administración de Trump continuar con el despido masivo de empleados federales, lo que resultó en la salida inmediata de cientos de funcionarios del Departamento de Estado.
En su última sesión, a finales de junio, el alto tribunal otorgó a Trump lo que podría ser su victoria judicial más significativa en sus primeros seis meses en la Casa Blanca, al limitar el poder de los jueces federales para frenar su agenda a través de suspensiones cautelares de sus decretos. Este fallo amplía su capacidad para avanzar con su agenda, planteando dudas sobre la separación de poderes.
Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump se ha propuesto desmantelar el Departamento de Educación, nombrando a la ejecutiva de lucha libre profesional Linda McMahon para liderar este proceso, donde su misión, según Trump, es lograr que la agencia “no exista”. El 20 de marzo, firmó un decreto pidiendo a McMahon que comenzara el cierre de esta agencia, activa desde 1979, cuando fue creada por Jimmy Carter, y que ha sido objeto de críticas por parte de los republicanos durante muchos años.
El juez Joun, nombre designado por Biden, había ordenado la readmisión de los empleados despedidos mientras se resolvía el caso. El 4 de junio, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito avaló la decisión de Joun. Posteriormente, la Administración Trump se dirigió al Supremo para que tomara la decisión que finalmente emitió este lunes.
Aunque McMahon no tiene el poder para desmantelar completamente el Departamento de Educación, depende del Congreso para hacerlo, sí puede reducir sus funciones a lo mínimo que la ley permite, trasladando algunas de sus responsabilidades a otras agencias de la Administración.
Las funciones del Departamento de Educación no son tan amplias como las de sus homólogos europeos; no determina los planes de estudio, que son competencia de los Estados, y tampoco dirige a los docentes sobre qué enseñar. Sin embargo, se encarga de la financiación federal de escuelas de primaria y secundaria sin definir sus currículos, gestiona préstamos estudiantiles, investiga quejas de discriminación y evalúa el progreso nacional en habilidades lectoras y matemáticas, además de administrar subvenciones federales por un valor de 18,400 millones de dólares para ayudar a financiar escuelas en áreas desfavorecidas.
Para justificar su intención de cerrar el Departamento, Trump afirmó en marzo que la agencia no cumplía su función. “Estados Unidos gasta más en educación que cualquier otro país y, sin embargo, estamos entre los últimos en términos de éxito”, dijo durante la firma del decreto. Este lunes, el Supremo le ha facilitado el camino para cumplir su objetivo de debilitar otra agencia federal.
