El 3 de julio, la Cámara de Representantes de EE. UU. aprobó el llamado “One Big Beautiful Bill”, una ley ambiciosa que reconfigura las prioridades fiscales y de gasto del país para la próxima década. Con una aprobación ajustada, se convertirá en ley. Si bien la atención se ha centrado en las pérdidas de cobertura de Medicaid y en la redistribución de la riqueza hacia los estadounidenses más adinerados, uno de los aspectos más significativos y menos comentados internacionalmente es el energético. La nueva legislación elimina incentivos esenciales para las energías renovables, limita el acceso a subsidios ecológicos y favorece el uso de combustibles fósiles. Este cambio radical afecta la postura climática de EE. UU. y tiene profundas y complejas implicaciones para América Latina.
Durante años, EE. UU. se presentó como un aliado en la transición energética de la región, invirtiendo en infraestructura renovable, facilitando la transferencia tecnológica y promoviendo la participación del sector privado en proyectos solares, eólicos e incluso de hidrógeno verde, a menudo a través de instituciones multilaterales. Sin embargo, esta narrativa ha cambiado. La ley no solo desmantela elementos fundamentales de la política energética limpia estadounidense, sino que también impone impuestos severos a proyectos renovables que utilicen componentes de países “prohibidos”, como China, penalizando a empresas vinculadas en cadenas de suministro globales.
Esta decisión tendrá repercusiones significativas en los mercados energéticos a nivel mundial. Con el retroceso de EE. UU. en el liderazgo de energías renovables, se perfilan tres dinámicas principales con consecuencias directas para América Latina.
Primero, el capital internacional cambiará de rumbo. Los inversores que anteriormente consideraban a EE. UU. como un destino fiable para proyectos verdes a largo plazo ahora explorarán otros mercados. América Latina, rica en recursos naturales, está bien posicionada para recibir parte de esa inversión. Países como Chile y Brasil son líderes en energía solar y eólica; Colombia muestra interés en el hidrógeno verde, aunque aún sin logros destacados; y México, pese a retos regulatorios, posee un gran potencial solar. Si los gobiernos actúan rápidamente para proporcionar estabilidad normativa y señales claras al mercado, podrían convertirse en destinos privilegiados para el financiamiento verde.
En segundo lugar, el giro de EE. UU. hacia los combustibles fósiles podría intensificar la dependencia de la región en estos recursos. La nueva ley expande significativamente los subsidios para el gas, el petróleo y el carbón, lo que probablemente incrementará la oferta global de combustibles fósiles, enviando mensajes contradictorios al mercado internacional. Países como Venezuela, Argentina o Colombia podrían ver esto como una oportunidad para mantener o expandir sus actividades extractivas. En Colombia, la situación es más compleja: las decisiones del gobierno de Gustavo Petro de frenar nuevas exploraciones y limitar la inversión en hidrocarburos han acentuado la caída en los ingresos fiscales. En lugar de impulsar una transición energética bien planificada, se ha optado por un enfoque restrictivo que ha debilitado la base fiscal sin alternativas sólidas de financiamiento.
Esto no implica que la región deba renunciar a sus compromisos climáticos. Sin embargo, sugiere que la distinción entre transición energética y estabilidad fiscal es a menudo errónea. Ambas cosas pueden realizarse simultáneamente: continuar la inversión en sectores fósiles mientras se acelera la transición hacia energías limpias, utilizando los recursos de los primeros para financiar los segundos. Se requiere una política coherente y pragmática, no decisiones simbólicas.
Finalmente, las cadenas de suministro globales de tecnologías limpias están destinadas a transformarse, aunque aún no está claro hacia dónde se dirigirán. Al establecer impuestos a proyectos que emplean insumos chinos, EE. UU. busca relocalizar su producción. Sin embargo, muchas piezas clave, como paneles solares y baterías, ya se producen en Asia, donde las economías de escala son difíciles de igualar. Si estas cadenas se reconfiguran, América Latina podría beneficiarse, especialmente si establece un entorno geopolíticamente estable y competitivo. Países como Costa Rica o Panamá podrían emerger como centros de ensamblaje verde, pero necesitarán políticas industriales ambiciosas, infraestructura eléctrica confiable y mecanismos de financiamiento adecuados.
En síntesis, esta nueva ley no solo afecta a EE. UU.; envía una señal global de que el país se aleja de su papel de liderazgo climático. Para América Latina, esto representa tanto un desafío como una oportunidad. La región no puede permitirse esperar a que Washington retome su compromiso ambiental en el futuro. Debe aprovechar este momento para atraer capital, invertir en infraestructura limpia y fortalecer cadenas de suministro que respondan a las necesidades regionales y a la demanda global. América Latina siempre ha estado en la encrucijada entre el extractivismo y la innovación. Hoy, la pregunta no debería ser si optar por combustibles fósiles o energías limpias, sino cómo financiar una transición energética realista y sostenible. La clave está en no realizar un cambio abrupto, sino en establecer una hoja de ruta clara que combine la inversión en renovables con un uso ordenado y responsable de los recursos fósiles aún disponibles. Mientras Washington retrocede, América Latina tiene la oportunidad de forjar su propio camino, fundamentado en pragmatismo, planificación y ambición climática.
Michael Weintraub es director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) en la Facultad de Economía y profesor asociado de Ciencia Política y Estudios Globales en la Universidad de los Andes.
