Ovidio Guzmán López, conocido como El Ratón, se presentará este viernes ante un tribunal federal en Chicago para formalizar su declaración de culpabilidad relacionada con narcotráfico. Las declaraciones del hijo del famoso Joaquín, El Chapo, Guzmán, podrían desencadenar un impacto político significativo.
En un acuerdo estratégico con la fiscalía de EE.UU., Ovidio no solo persigue una reducción en su sentencia, sino que también tiene la posibilidad de incriminar a políticos, empresarios y funcionarios que han facilitado la operativa del narcotráfico en México.
El interés en la situación del narcotraficante de 35 años es muy alto.
Según un documento firmado el 30 de junio, Ovidio manifestó su “deseo de declararse culpable”, lo cual le permitirá evitar un juicio y negociar una condena más favorable a cambio de su colaboración. Enfrenta cargos por tráfico de fentanilo, lavado de dinero y posesión de armas, delitos que podrían llevarlo a una cadena perpetua, al igual que a su padre, Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Sin embargo, su testimonio podría tener un efecto mucho más explosivo: el exjefe de operaciones de la DEA, Mike Vigil, sostiene que Guzmán posee información sobre redes políticas y empresariales que han brindado respaldo al Cártel de Sinaloa. Esto incluye detalles sobre rutas de precursores químicos, conexiones con Asia, lavado de dinero a gran escala y la identificación de funcionarios en activo que podrían estar colaborando o ignorando la situación.
El periodista Luis Chaparro menciona que “la expectativa no es simbólica, es práctica: que una sola declaración provoque arrestos, sanciones y extradiciones, dejando expuestos a quienes han operado en la clandestinidad”.
En mayo, 17 familiares de Ovidio, incluyendo a su madre, primos y medio hermanos, recibieron autorización para ingresar a EE.UU., lo que indica un nivel avanzado de cooperación judicial. Este tipo de beneficios se concede generalmente cuando un testigo clave proporciona pruebas concretas que afectan a niveles superiores del crimen organizado.
Impacto político y diplomático
La administración Trump, que en junio designó a Los Chapitos como una “organización terrorista global”, ha aumentado la presión sobre México. Se estableció una recompensa de 10 millones de dólares por la captura de sus hermanos fugitivos (Iván Archivaldo y Jesús Alfredo).
Más allá del cártel, el verdadero riesgo radica en la posible revelación de vínculos entre el narcotráfico y las instituciones del gobierno mexicano. De confirmarse los nombres, esto podría desencadenar una crisis judicial y política que afectaría a los cimientos de partidos, gobiernos regionales e incluso de la administración federal.
