El tira y afloja entre los Gobiernos de México y Estados Unidos ha desembocado en las calles de la Ciudad de México. Este viernes, cientos de jóvenes se manifestaron en contra de la gentrificación, un fenómeno que afecta a los centros urbanos y desplaza a la población local más vulnerable. Este asunto ha coadyuvado a intensificar las tensiones en la relación bilateral, llevando incluso a que un sector de la protesta levantara consignas antiestadounidenses. La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. no se hizo esperar, publicando un irónico comentario en su cuenta oficial de X: “Si se encuentra ilegalmente en Estados Unidos y desea unirse a la próxima protesta en la Ciudad de México, utilice la aplicación CBP Home para facilitar su salida”. Esta plataforma permite a los migrantes irregulares gestionar su autoexpulsión del país.
La reacción del Gobierno mexicano, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum, fue marcada por la mesura. Este lunes, evitó comentar directamente el comentario estadounidense y en su lugar, se enfocó en condenar los lemas xenófobos surgidos durante la manifestación. “Estamos abiertos al mundo, somos un pueblo solidario y fraterno”, afirmó, reiterando que la lucha contra la gentrificación no debería utilizarse para pedir la expulsión de personas de cualquier nacionalidad. César Cravioto, secretario de Gobierno de la capital, respaldó esta postura, enfatizando que “México es un santuario para quienes quieran venir”.
Cravioto calificó de “frívolo” el mensaje de la Oficina estadounidense y expresó su desacuerdo, argumentando que en México se trata de manera diferente a los migrantes. Además, el Gobierno local convocó a una “asamblea informativa” con los vecinos de colonias como Condesa y Roma, donde hay una significativa presencia de extranjeros. “Buscamos generar foros para encontrar maneras de que quienes deseen seguir viviendo aquí lo puedan hacer, sin que el factor económico determine quién reside en la Ciudad de México”, comentó.
Este enfoque parece un esfuerzo por contener rápidamente un conflicto que podría escalar en el ámbito social antes que en el político. Pía Taracena, experta en asuntos internacionales, indica que el Gobierno mexicano aprendió de la estrategia provocadora de Trump: “El perfil bajo de las autoridades es una respuesta a una narrativa similar a la ‘guerra verbal’”. Estas provocaciones buscan subir la tensión, aunque a veces no encuentran respuesta adecuada.
En el ámbito social, los aranceles, las redadas y las confrontaciones verbales han acentuado las desigualdades en el país. Según Carla Escoffié, abogada especializada en derecho a la vivienda, el conflicto de la gentrificación se entrelaza con otros problemas sociales que surgen en la vida cotidiana. Por ejemplo, un incidente entre una mexicana y un estadounidense con una gorra de MAGA ilustra cómo las tensiones están presentes en los espacios públicos.
La complejidad de la cuestión nacional amplía el problema ya de por sí complicado de la gentrificación. Este fenómeno se presenta de diversas maneras en todo México. En Tijuana, la proximidad con la frontera provoca la dolarización de las rentas, mientras que en Oaxaca está vinculado al turismo. Monterrey enfrenta especulación inmobiliaria, afectando también a los “nómadas digitales” que trabajan desde cualquier lugar, con rentas que continúan ascendiendo en la Ciudad de México.
Las autoridades mexicanas enfrentan un reto múltiple. Deben evitar que la tensión social se desplace hacia la política. Cravioto descarta que la manifestación del viernes sea una manifestación política del Gobierno. Al mismo tiempo, deben mitigar las fricciones sociales que amenazan la convivencia pacífica entre nacionalidades y, finalmente, abordar la urgente crisis de vivienda que afecta a las áreas urbanas, donde los habitantes no pueden soportar otro año de aumentos en las rentas. La manifestación dejó claro que tras las tensiones políticas, subyace una profunda desigualdad social.
