El Gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para decenas de miles de nicaragüenses y hondureños, con efecto en 60 días. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó que las condiciones en ambos países han mejorado lo suficiente para que sus ciudadanos puedan regresar. Aquellos beneficiarios que no cuenten con otra forma de protección se enfrentarán a la posibilidad de ser deportados.
El TPS permite a personas de naciones afectadas por conflictos armados, desastres naturales y otras circunstancias extraordinarias obtener residencia temporal y permiso de trabajo en Estados Unidos. Este estatus fue concedido a Nicaragua y Honduras en 1999 tras el huracán Mitch, que devastó Centroamérica a finales de 1998, resultando en miles de muertes. Honduras fue el país más impactado, con aproximadamente 7.000 fallecidos y severos daños a su infraestructura, mientras que en Nicaragua las víctimas se estiman en cerca de 4.000.
Desde entonces, el programa ha sido renovado periódicamente. Aproximadamente 72.000 hondureños y 4.000 nicaragüenses se benefician del TPS en Estados Unidos, según datos oficiales.
El comunicado del DHS sobre el fin del TPS para los hondureños resalta que “está claro que el Gobierno de Honduras ha implementado las medidas necesarias para superar los efectos del huracán Mitch”. Asimismo, se menciona que Honduras ha sido “un socio ejemplar de la Administración Trump” y se anticipa la continuación de esta colaboración. Los que decidan regresar podrán obtener un boleto gratuito y 1.000 dólares, según el anuncio.
Respecto a los “impactos del desastre natural que afectó a Nicaragua en 1999”, el DHS afirmó que “ya no existen” y que “la situación ambiental” ha mejorado suficientemente para permitir un regreso seguro de los nicaragüenses. La decisión se tomó después de consultar con los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y el Departamento de Estado. Un portavoz del DHS agregó que “el Estatus de Protección Temporal nunca estuvo destinado a durar un cuarto de siglo”. Además, también se ofrece boleto y dinero a quienes opten por marcharse.
El régimen de Daniel Ortega en Nicaragua ha sido acusado de violaciones graves a los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y tortura. Ortega ha criminalizado la oposición, lo que ha llevado al exilio de muchos opositores y defensores de derechos humanos. Se estima que más de 600.000 nicaragüenses han emigrado desde 2018 debido a las protestas antigubernamentales que fueron severamente reprimidas, resultando en miles de muertes y detenciones. La mayoría de estos exiliados ha encontrado refugio en Costa Rica.
“Afirmar que podemos regresar no es cierto, no hay condiciones en Nicaragua”, manifestó el opositor nicaragüense Gabriel Putoy, quien se encuentra exiliado en Costa Rica. Según Putoy, cancelar el TPS para los nicaragüenses es como entregarlos “en las manos del dictador” Daniel Ortega. Agregó que estas personas no abandonaron su país por deseo, sino a causa de “los eventos extraordinarios” que enfrentan. “La mayor tormenta para los nicaragüenses es la política, la de Ortega”, subrayó.
