César Duarte, exgobernador de Chihuahua, estuvo en fuga durante un tiempo, buscado por la Interpol. Tras ser detenido en 2020 y encarcelado en Estados Unidos por dos años, fue extraditado a México, donde enfrenta cargos por peculado y asociación delictiva, regresando nuevamente a prisión. Ahora, en libertad condicional, intenta cambiar drásticamente la percepción pública sobre su vida para reintegrarse a la política en el estado fronterizo.
Duarte ha estado en libertad condicional durante un año; una jueza le permitió cambiar la prisión preventiva por arresto domiciliario con un brazalete, lo que le permite moverse libremente por Chihuahua, aunque no salir de la ciudad. Esta nueva situación le ha facilitado retomar su vida pública: ha asistido a eventos, ofrecido conferencias de prensa y concedido entrevistas, en un intento de revertir la imagen negativa que se ha formado desde que dejó la gobernatura en 2016.
“No tengo denuncias federales”, declaró firmemente en una de sus recientes conferencias. Sin embargo, sus palabras contrastan con las de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien hace un mes reveló que el Gobierno había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la construcción ilegal de una presa en su rancho en Balleza, Chihuahua, donde se le acusa de alterar el curso de varios ríos para apropiar el agua.
Duarte enfrenta una compleja situación política, ya que tiene pendientes cerca de veinte órdenes de aprehensión por diversas acusaciones, incluyendo el desvío de recursos estatales al PRI por cerca de 100 millones de pesos, en lo que se conoce como Operación Safiro, así como peculado grave y delitos electorales. Sin embargo, esto no frena al político, quien parece decidido a volver a la arena política en el estado que lo vio ascender y caer.
La confrontación Duarte vs Corral
El Gobierno de Chihuahua acusó a César Duarte en Estados Unidos por haber adquirido 50 propiedades con dinero malversado de las arcas públicas, en un contexto de recuperación de bienes para el Estado. Sin embargo, el 26 de junio, se anunció que su caso había sido cerrado. Para Duarte, esto representa una absolución, mientras que Javier Corral, exgobernador y actual senador por Morena, considera que se trata de la inacción del actual gobierno, dirigido por María Eugenia Campos, quien es señalada de pertenecer a la nómina secreta con la que Duarte pagó a funcionarios durante su mandato.
“La Corte de Estados Unidos determinó que no hubo lavado de dinero ni desfalco”, aseguró César Duarte en una reciente rueda de prensa desde la oficina de sus abogados. “La magnitud de la investigación fue muy seria, y actualmente dicha acusación ha sido completamente desestimada”. Corral, por su parte, refuta: “Durante casi cuatro años, el gobierno de Maru Campos no respondió a las solicitudes del despacho encargado del caso, lo que llevó al juez a cerrar el expediente por falta de actividad. No hay absolución, solo inacción que beneficia a Duarte”, subraya el senador.
Recientemente, el 8 de abril de 2025, la firma de abogados Buzbee solicitó información a la administración de María Eugenia Campos, y según documentos de EL PAÍS, Duarte tiene control sobre las debilidades y actos de corrupción de la actual gobernadora. A pesar de las solicitudes de entrevista e información, tanto Duarte como Campos no respondieron.
El uso ilegal de agua en El Saucito
El 27 de mayo, la Comisión Nacional de Agua (Conagua) derribó estructuras ilegales en el rancho El Saucito, propiedad de Duarte, donde se retenían 700,000 metros cúbicos de agua de manera ilegal, afectando 609 hectáreas. Esta cantidad es suficiente para abastecer los cultivos de Camargo durante un mes. La historia de esta ilegalidad data de años atrás; en 2018, Conagua detectó la infraestructura y multó a Duarte con 1.4 millones de pesos por no tener las concesiones necesarias para desviar el agua de varios ríos en la zona. Esta acción también afectaba el suministro de agua a Estados Unidos, de acuerdo con el Tratado Internacional de Aguas de 1944.
Duarte presentó amparo para evitar la multa, pero en marzo de 2020, las autoridades federales decidieron no protegerlo. Conagua argumentó que se trataba de una conducta ilegal que debía ser reparada. Debido a esto, el 3 de junio se presentó una denuncia ante la FGR por el uso ilegal de cauces federales, indicando que la retención de agua no solo era un tema legal, sino que también tenía graves implicaciones ambientales.
“La ilegalidad en la retención de agua tuvo graves repercusiones ecológicas, interrumpiendo el flujo de agua esencial para la recarga de mantos freáticos y afectando la biodiversidad. Las especies dependientes del agua, como las aves migratorias, se ven directamente impactadas, lo que provoca la degradación del suelo y la desertificación”, explicó Isaac Miramontes, biólogo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
El desvío de fondos hacia el PRI
El 30 de junio de 2017, se emitió una orden de aprehensión contra César Horacio Duarte Jáquez por destinar ilegalmente fondos públicos para beneficiar a un partido político. Esta orden sigue vigente, pero su ejecución depende de la autorización del Departamento de Estado de Estados Unidos. “Cada una de las órdenes de aprehensión en su contra requiere una autorización independiente para hacerse efectiva”, explicó un abogado que lleva el caso, resaltando que el principio de especialidad rige el proceso de extradición
“Este principio estipula que una persona extraditada solo puede ser juzgada por los delitos especificados en la solicitud de extradición. Para juzgarlo por otros delitos, se necesita una autorización adicional, lo que en este caso ha generado un cuello de botella”, agregó. “El hecho de que existan más de 20 órdenes de aprehensión por corrupción ha dificultado la situación, dejándolo beneficiado por la falta de acción del sistema ante su caso”, aseveró el litigante.
EL PAÍS tuvo acceso a la orden de aprehensión, que incluye testimonios de empleados estatales que afirmaron haber sido obligados a entregar el 10% de su salario al PRI por órdenes de Duarte. “Jamás estuve de acuerdo, pero temía perder mi empleo”, aseguró uno de los testigos. “Fui afiliado al PRI bajo coacción de mis superiores, por temor a perder mi estabilidad laboral”, agregó.
“El caso de Duarte está poniendo a prueba el sistema, evidenciando que no puede manejar casos de gran corrupción con eficacia”, concluyó el abogado involucrado en la investigación, enfatizando que la magnitud de las acusaciones está llevando a Duarte hacia la impunidad, permitiéndole distorsionar la narrativa pública para presentarse como una víctima inocente.
