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Inquietud en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana
Desarme policial
Se ha reportado un aumento en la preocupación dentro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tijuana, principalmente entre los agentes de la Policía Auxiliar. Estos agentes expresan descontento respecto a las nuevas normativas sobre el control de armas en la corporación.
Un decreto que modifica la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos entró en vigor la última semana de mayo. Este decreto determina que tanto el armamento como las municiones bajo una licencia colectiva únicamente podrán ser empleadas en actividades de seguridad pública. Por lo tanto, los que laboran en el ámbito de seguridad “privada”, como custodios de empresarios o políticos, no podrán usar su arma oficial.
A pesar de lo anterior, se ha aclarado que los agentes asignados a seguridad en edificios sí podrán portar su arma. Sin embargo, se ha iniciado un proceso de desarme para aquellos agentes que no podrán utilizar su arma fuera de las funciones establecidas, y no todos los implicados están de acuerdo con esta disposición.
¿Y LA TRANSPARENCIA?
La reciente aprobación de un presupuesto 12 veces superior al inicialmente estimado por la actual Administración Municipal de Rosarito, presidida por Rocío Adame Muñoz, ha suscitado opiniones encontradas en el Cabildo. El jueves se votó a favor de destinar siete millones de pesos a una empresa privada para gestionar la nómina municipal, una tarea que debería ser ejecutada por personal del Ayuntamiento. Además, aún no se ha revelado el nombre de la empresa que prestará este servicio, para el cual se aprobó un incremento presupuestario de 6.5 millones de pesos.
A pesar de que el Síndico Ricardo Bejarano cuestionó la asignación de tal cantidad de recursos a una empresa privada por servicios de asesoría contable y legal, finalmente su voto fue a favor de la medida.
ELECCIÓN CONFUSA
Por motivo de perfiles inadecuados entre los candidatos ganadores, el INE ha dejado 45 vacantes de magistrados y jueces tras una tensa reunión del Consejo General. No se aclaró si los segundos más votados asumirán esas funciones, ya que esta decisión será del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Se constató que 24 magistrados de circuito y 21 jueces de distrito no cumplían con requisitos educativos, y uno de ellos estaba encarcelado por abuso sexual, un claro indicio de irregularidades en el proceso de selección. Durante la discusión, se hizo evidente que los “acordeones” se convirtieron en tema de debate, generando descontento entre los consejeros.
