Mexicali, BC. El Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (Sindja), que nació de un movimiento laboral hace una década en contra de la explotación en los campos, reporta que ha avanzado alrededor del 50 por ciento en sus demandas. Para conseguir que se respeten las leyes laborales y se implementen aumentos en las remuneraciones, han recurrido a bloqueos de carreteras, cierres de ranchos y huelgas.
A pesar de los progresos, la dirigencia del Sindja señala que todavía se observan niños trabajando en los campos de San Quintín, además de continuar las denuncias penales por delitos sexuales, las cuales no han tenido repercusiones legales debido a la inacción de la Fiscalía General del Estado (FGE). Asimismo, persisten irregularidades en las prestaciones sociales: los jornaleros son dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero sus bajas inmediatas les impiden recibir atención médica y cotizar.
En los campos del Valle de San Quintín, es común el modelo “saliendo y pagando”, que oculta irregularidades en la contratación de jornaleros. En este esquema participan enganchadores que actúan como promotores y transportistas, así como mayordomos y patrones que mantienen relaciones laborales en condiciones de explotación. Muchos trabajadores prefieren recibir sus salarios en efectivo diariamente.
El movimiento jornalero ha logrado ciertos avances, como lo destacó María Magdalena Ramírez Bautista, directora del Centro Estatal de Justicia para Mujeres (Cejum) en Baja California. Se ha emitido una alerta de género por violencia contra mujeres, y se ha establecido un Centro de Justicia en San Quintín que funciona desde octubre de 2024, atendiendo a mil mujeres hasta la fecha.
Ramírez Bautista subrayó que aún hay mucho por hacer en cuanto a cumplimiento de derechos, prestaciones y capacitación del personal. Rememoró la denuncia de la empresa W por actitudes discriminatorias hacia sus trabajadores. Abelina Ramírez, líder del Sindja, mencionó que el 17 de marzo no se realizaron marchas; en su lugar, convocaron a no laborar para demostrar a las empresas la importancia de su mano de obra. La evaluación de la respuesta es complicada, ya que los jornaleros necesitan ingresos, aunque la lucha y la concienciación continúan.
La FGE ha limitado el seguimiento a denuncias de acoso sexual, lo que ha desincentivado a las víctimas de aceptar compensaciones ofrecidas por las empresas. Ramírez agregó que en los últimos cuatro años, lograron involucrar a 400 mujeres en la defensa de sus derechos y buscan sumar a 300 más, además de establecer más espacios de cuidado infantil para madres trabajadoras, aunque abrir centros enfrenta múltiples requisitos.
La atención en el IMSS para pensiones y recursos para adultos mayores ha sido limitada, logrando solo el acceso a fondos del Infonavit y de las afores. Ramírez subrayó que el Sindja continuará luchando para garantizar que los jornaleros reciban lo que les corresponde según la ley. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Baja California asegura realizar inspecciones en respuesta a solicitudes de incremento salarial, afiliación al IMSS y mejoras en las condiciones laborales.
