*.- La firma del protocolo ha generado descontento entre algunos comunicadores.
TECATE, BC 15 DE JUNIO DE 2025 (AFN).- El gobierno municipal de Tecate ha establecido un protocolo de seguridad con varios comunicadores de la ciudad. Este documento tiene como objetivo, según se indica, fijar reglas para la “difusión de información oficial de interés público” y asegurar la integridad de quienes informan sobre noticias.
Intentos similares realizados por administraciones anteriores en la región no han tenido éxito, ya que a menudo se interpretaron como una forma de controlar la información y marginar a quienes no estaban de acuerdo en ser parte de un registro oficial.
El protocolo fue firmado el lunes por el presidente municipal, Roman Cota Muñoz, junto a la síndico procuradora, Sarahí Osuna Arce, quien supervisará su cumplimiento, así como otros funcionarios y comunicadores, incluido el radiodifusor Javier Fimbres.
El documento, titulado “Seguridad y Regulación de Actividades Periodísticas”, incluye 15 cláusulas repartidas en 10 páginas.
Este protocolo ha suscitado inconformidades en la Asociación de Periodistas de Tecate y otros comunicadores, quienes están revisando el texto junto con miembros de Artículo 19, una organización especializada en la defensa de los periodistas. Un primer análisis sugiere que varios apartados del protocolo imponen requisitos que actúan como filtros para el ejercicio periodístico, lo que sería incompatible con los artículos 6 y 7 de la Constitución Mexicana, así como con la Constitución de Baja California y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las cláusulas que despiertan mayor preocupación incluyen la décima, que menciona el derecho a la veracidad y réplica, exigiendo “información veraz y objetiva”, un criterio que podría quedar sujeto a la interpretación de las autoridades. También se destaca la cláusula décimo primera sobre la credencialización obligatoria y capacitación continua, que tendría lugar mediante un gafete emitido por el municipio. Otras cláusulas, como las que abordan el Padrón Municipal de Acreditación y las sanciones por “información maliciosa”, han sido vistas como potenciales vías hacia la censura.
Los comunicadores críticos han argumentado que, aunque el protocolo busca un objetivo legítimo de protección, incorpora controles administrativos que, según estándares nacionales e internacionales, equivalen a censura previa y al abuso de controles oficiales. Para asegurar la plena constitucionalidad, proponen que los elementos de registro y capacitación sean voluntarios y de apoyo, además de alinear el protocolo con el Mecanismo Federal de Protección a Periodistas.
Durante la firma del documento, el alcalde expresó que el propósito es establecer las bases para un acceso democrático a la información.
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