La discusión sobre la seguridad fronteriza ha resurgido en el escenario legislativo estadounidense gracias a una propuesta presupuestaria presentada por el senador republicano Lindsey Graham. Este plan prevé una inversión de 66.000 millones de dólares para reiniciar la construcción del muro en la frontera con México, incrementar la capacidad de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y aumentar el número de agentes en la frontera sur. Aunque se introdujo ante el Senado, aún no se ha registrado oficialmente como un proyecto de ley.
Esta propuesta se alinea con varias iniciativas promovidas por el expresidente Donald Trump y su equipo para fortalecer una agenda legislativa centrada en inmigración, defensa, impuestos y seguridad nacional. Según informes de Politico del 12 de junio de 2025, el plan forma parte del paquete denominado One Big Beautiful Border Security Bill, cuyo objetivo es garantizar financiamiento a través de la reconciliación presupuestaria. Hasta el momento, el contenido sigue siendo un borrador interno sin número oficial en Congress.gov.
El plan ha suscitado tensiones dentro del Partido Republicano, dado que propone asignaciones presupuestarias significativas en un contexto de déficit federal. El senador Rand Paul ha presentado una alternativa que reduce considerablemente el gasto propuesto, llevando a un debate sobre las prioridades y la austeridad fiscal dentro del partido. La discrepancia entre estas posturas subraya la división interna sobre el tamaño y la extensión del gasto federal en políticas migratorias.
De acuerdo con el borrador de Graham, quien preside el Comité de Presupuesto del Senado, la propuesta incluye 46.500 millones de dólares destinados a la construcción de nuevas barreras, mantenimiento de caminos de patrullaje e instalación de tecnología de vigilancia en la frontera sur, según Fox News.
Entre otros aspectos, la propuesta destina 4.100 millones de dólares para la contratación de nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza, pilotos de vigilancia aérea y personal técnico. También están contemplados 2.000 millones de dólares en bonificaciones para retención y firma, destinados a atraer y mantener al personal operativo. Además, se asignarán 855 millones de dólares para reparaciones de la flota vehicular existente.
Simultáneamente, el plan incluye 5.000 millones de dólares para la modernización de instalaciones y puntos de control, lo que refleja el interés en reanudar proyectos de infraestructura fronteriza que se detuvieron durante la actual administración.
El componente más polémico es la adjudicación de 45.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención del ICE, que se utilizaría para construir y operar centros de detención de adultos y centros “residenciales familiares”. La intención es mantener a las unidades familiares mientras se tramita su situación legal o se lleva a cabo su expulsión. En la propuesta también se plantean 6.000 millones de dólares para tecnologías avanzadas, incluyendo escáneres, sensores con inteligencia artificial y herramientas automáticas para la detección de narcóticos, que se instalarían en puntos de acceso restringido y cruces fronterizos, según Fox News y Politico.
