México se convertirá el domingo en el primer país en elegir a todos sus jueces mediante voto popular, un proceso que, según el gobierno, busca sanear un poder judicial corrupto, aunque sus detractores lo consideran una amenaza a la independencia de los poderes.
Este evento es el resultado de una reforma constitucional promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada por su sucesora, Claudia Sheinbaum.
Ambos líderes de izquierda critican al poder judicial, indicando que ha obstaculizado varios proyectos del exmandatario y que está manipulado por las élites y repleto de corrupción.
Los opositores, que han llamado a no participar en la votación aunque se encuentran debilitados, junto con algunos miembros del Poder Judicial, argumentan que estas elecciones permitirán a políticos y criminales influir en la elección de los jueces.
Un caso similar al de México es el de Bolivia, donde los jueces de las altas cortes son escogidos por voto popular. Algunos estados de EE. UU. y Suiza también tienen un sistema de elección de jueces a nivel local.
A continuación, se expondrá lo que está en juego en este país federal, que presenta una impunidad del 94 por ciento.
¿Qué se elige?
Se votará por 881 posiciones a nivel federal, incluyendo a los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y 1,800 a nivel local.
Entre los jueces federales se incluyen 17 magistrados del Tribunal Electoral y cinco del nuevo Tribunal de Disciplina, encargado de supervisar la conducta de los jueces y de sancionarlos cuando sea necesario.
Asimismo, serán elegidos 386 jueces de distrito, quienes se encargan de resolver casos penales y juicios de amparo, entre otros asuntos.
Adicionalmente, habrá elecciones para 464 magistrados de circuito (segunda instancia). Los otros 4,000 jueces serán seleccionados en 2027.
¿En qué se diferencian de otros comicios?
A diferencia de las elecciones convencionales, en estas no participan partidos políticos, lo que impide que realicen campañas en apoyo a candidatos.
No obstante, varios candidatos, especialmente para la Suprema Corte, han sido reconocidos como cercanos al oficialismo o a la oposición.
Los aspirantes debían financiar sus campañas de forma personal, ya que no podían recibir fondos públicos o privados. Muchos recurrieron a las plataformas digitales.
La selección de los postulantes fue realizada por comités de evaluación formados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Los seleccionados ocuparán su cargo por un período de nueve años y podrán buscar la reelección. Se requiere que sean abogados, tengan un promedio mínimo de ocho en su formación académica, cuenten con “buena reputación” y no hayan sido condenados a prisión.
¿Por qué hay polarización?
El gobierno señala que el poder judicial está plagado de impunidad, corrupción y nepotismo, y critica a ciertos jueces por favorecer a delincuentes de alto perfil.
Datos oficiales indican que en 2023, las fiscalías estatales abrieron 27,957 casos por homicidio doloso, pero solo el 16.2% llegaron a la instancia judicial. A nivel estatal, se resolvió el 38% de las causas penales ese año.
La oposición y diversos juristas advierten que esta elección podría consolidar un “régimen autoritario” bajo el partido gobernante Morena, que adicionalmente controla el Legislativo y la mayoría de las gobernaturas.
“Lejos de democratizar al país, estamos avanzando hacia un gobierno autoritario,” afirmó el exmagistrado Carlos Soto a la AFP.
Mexicanos “no votarán por personas con experiencia y rigurosos esquemas de selección, sino por individuos preseleccionados y apoyados por Morena, el gobierno y el crimen organizado”, expresó la asociación JUFED, que agrupa a varios jueces y magistrados.
La ONG Defensorxs difundió una lista con más de una veintena de candidatos “riesgosos”, que incluye a dos exabogados de narcotraficantes y un exconvicto por contrabando de drogas hacia Estados Unidos.
¿Qué otros riesgos hay?
La JUFED advierte que la elección podría comprometer los derechos de minorías y actores económicos, al depender de jueces que podrían actuar por lealtades a un partido o a sus promotores.
Por su parte, la ONG Equis, enfocada en la defensa de mujeres víctimas de violencia de género, señala que el proceso para seleccionar candidatos careció de “metodologías adecuadas para evaluar sus capacidades, conocimientos, trayectoria e integridad”.
Se alerta que esto “dilatará el acceso a la justicia”, ya que el sistema judicial podría quedar paralizado mientras se conforma una nueva Suprema Corte y asumen otros órganos, jueces y magistrados, advierte Luis Fernando Villanueva, coordinador del Área Legal de Equis.
