Asignación de elementos a la protección personal en Baja California
En marzo de 2022, el 8% de la fuerza policial en Baja California se encontraba dedicado a la protección de funcionarios y empresarios, totalizando 532 elementos asignados a esta tarea.
Durante su comparecencia en agosto de 2023 ante el Congreso del Estado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, expresó su preocupación por el alto número de policías destinados a la vigilancia privada, lo que afecta negativamente la atención a delitos, dado que estas fuerzas están destinadas principalmente a funciones públicas.
En esa misma reunión, el secretario anunció que para 2024 se planea retirar a todos los elementos estatales de la vigilancia privada, limitándola exclusivamente a aquellos funcionarios que necesiten protección por sus responsabilidades. Aguilar Durán enfatizó que solo los representantes populares, como la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y los alcaldes, así como algunos funcionarios clave, deberían recibir asistencia especial en seguridad, sugiriendo que el resto no debería ser prioridad.
En la actualidad, diversas personas, incluidos diputados, regidores y familiares de funcionarios que no corren riesgos significativos, reciben vigilancia especial financiada por el erario, a excepción de aquellos empresarios que optan por pagar por su protección personal.
Aguilar Durán alertó que se han realizado 30 estudios de riesgo para determinar la necesidad de vigilancia especial, advirtiendo que la asignación de policías para estas actividades puede estar fuera de los lineamientos de la Licencia Colectiva 186, que regula el uso de armamento entre las corporaciones en Baja California.
A pesar de que se han llevado a cabo 35 análisis de riesgo para funcionarios y empresarios, se ha procedido a retirar paulatinamente elementos que estaban asignados como escoltas, para así cumplir con las normativas sobre armamento y seguridad pública. Según el secretario, no se eliminará el servicio de escoltas, sino que se limitara a aquellos cuyo riesgo esté debidamente comprobado.
Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha recaudado 20 millones de pesos en los últimos dos años por el servicio de escoltas, aunque estos recursos son dirigidos a la Secretaría de Hacienda en lugar de a la de Seguridad. El general Aguilar subrayó que muchos funcionarios no requieren escoltas, pero al hacerlo, se les ha ofrecido información sobre empresas de seguridad privada acreditadas.
El secretario también indicó que las policías municipales están destinando elementos a la seguridad personal, lo cual considera inapropiado debido a la falta de reglamentación. Hasta ahora, no se han llevado a cabo estudios de riesgo en los ayuntamientos para verificar la necesidad de escoltas, lo que ha sido señalado como responsabilidad de la SSC.
