Tijuana.- A partir del 1 de enero de 2022, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California asumirá las funciones de seguridad, dejando a la Fiscalía General del Estado (FGE) sin sus atribuciones en este ámbito.
Las funciones relacionadas con la seguridad y la prevención del delito se integrarán en la nueva Secretaría, que será liderada por Ricardo Iván Carpio, ex fiscal de Unidades Especiales de la FGE.
La reinserción social también pasará a ser una competencia de esta nueva dependencia, con el objetivo de disminuir los índices de inseguridad. La Comisión Estatal del Sistema Penitenciario se disolverá como organismo dependiente de la Secretaría General de Gobierno y se incorporará a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
En la justificación de la reforma, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda mencionó que, aunque la FGE ha logrado ciertos avances, la percepción de la ciudadanía respecto a la seguridad no ha cambiado. Además, señaló que la concentración de poderes en la FGE ha generado una carga excesiva, afectando su capacidad de respuesta en la prevención del delito.
El 18 de noviembre, el Congreso Local aprobó un dictamen que establece que la “procuración de justicia” no es lo mismo que “seguridad pública”, por lo cual las responsabilidades de seguridad, así como del sistema penitenciario y del Centro de Control de Confianza, serán trasladadas a la nueva Secretaría.
Con 17 votos a favor y algunos votos en contra, se aprobó la reforma constitucional. Se destacó que, aunque la inclusión del Centro de Evaluación y Control de Confianza se intentó, una reserva presentada por la diputada Rocío Adam impidió su transferencia.
Se espera que la nueva Secretaría de Seguridad Ciudadana comience a operar desde el primer minuto de 2022, tras la ratificación por parte de los cabildos de los cinco Ayuntamientos y los ajustes necesarios en presupuesto, infraestructura y personal.
