Una estudiante universitaria recibió en abril de 2024 un apoyo económico de 10 mil pesos durante un evento oficial en el Instituto de la Juventud del Estado (INJUVE) de Ensenada.

Tras finalizar el acto protocolario, Héctor Alejandro Moreno López, quien prestaba servicios al Gobierno del Estado, y Josué Miguel Veliz Gómez, promotor de la delegación zona costa, la acompañaron junto a otras tres alumnas de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) a un banco, donde cambiaron el cheque y, posteriormente, les retuvieron nueve mil pesos.

Ambos funcionarios están involucrados en una denuncia penal con el Número Único de Caso (NUC) 0201-2024-07102 ante la Fiscalía General del Estado por el delito de Peculado, entre otros.

A pesar de estas circunstancias, en octubre de 2024, Alejandro Moreno fue designado por la presidenta municipal de San Quintín, Miriam Cano Nuñez, como director de Economía. En ese contexto, ofreció a estudiantes recursos de programas impulsados por el INJUVE, siendo al mismo tiempo visto trabajando en la campaña de la diputada federal Claudia Moreno.

Además, el portal de Transparencia indica que desde 2023, Moreno contaba con un contrato de honorarios en el INJUVE por 20 mil pesos mensuales, mientras que también firmó un contrato con la dirección de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ensenada por 18 mil 345 pesos.

El sueldo bruto del promotor de Zona Costa, Josué Veliz, era de 9 mil 414 pesos en 2024, y no aparece en otras nóminas, contrastando con años anteriores donde sus remuneraciones eran significativamente mayores.

La estudiante relató que el acercamiento de Moreno ocurrió dentro de la UABC, donde les ofreció mil pesos como apoyo económico con solo presentar una copia de su identificación. Posteriormente, fue llamada para recoger el cheque, pero a su llegada le entregaron 10 mil pesos, a pesar de que inicialmente se le había hablado de mil. Al momento de cambiar el cheque, fue despojada de una parte significativa del dinero, situación que sus compañeras decidieron no denunciar por temor a represalias laborales.

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