La extinción del INAI pone en peligro el derecho a la información. En Baja California, el Congreso tiene hasta el 19 de junio para optar entre fortalecer la transparencia o consolidar el silencio institucional. La ciudadanía no debe permanecer indiferente.
La situación de la transparencia pública en México atraviesa un periodo crítico. Con la desaparición del INAI, el acceso a la información está siendo reconfigurado desde las instituciones, sin la supervisión ciudadana que se había logrado con tanto esfuerzo.
El 20 de marzo de 2025, el gobierno federal anunció en el Diario Oficial la disolución del INAI, transfiriendo sus responsabilidades a la Secretaría Anticorrupción y al nuevo organismo Transparencia para el Pueblo. Aunque se garantiza una mayor protección de datos y una transparencia proactiva, la reforma amplía las reservas de información en trámites administrativos y judiciales, incluso respecto a denuncias contra funcionarios. Además, establece clasificaciones bajo conceptos vagos como “interés del Estado” o “proyectos prioritarios”, restringiendo el acceso a información esencial. En casos de corrupción, la data solo podrá divulgarse si hay un fallo judicial, lo que retrasa la supervisión pública y complica el trabajo de periodistas, ONG y ciudadanos.
A pesar de que el gobierno de Baja California destaca avances en transparencia, periodistas y organizaciones de la sociedad civil nos enfrentamos a una encrucijada: actuar o esperar que el Congreso local ajuste la legislación antes del 19 de junio. La inacción no es una opción viable.
En Tijuana, contratos millonarios carecen de auditorías y están protegidos por filtros de información reservada; en Mexicali, expedientes de personas desaparecidas siguen clasificados y no hay claridad sobre cuántas luminarias fueron realmente instaladas tras compras millonarias; en Ensenada, licitaciones directas benefician a empresas sin un historial verificable. La opacidad se ha institucionalizado: compras públicas sin justificaciones adecuadas, cláusulas de confidencialidad en contratos y adjudicaciones sin vigilancia social. El caso de Fisamex aún carece de informes públicos sobre la recaudación real y su uso.
La ciudadanía debe participar activamente en la creación del nuevo marco local de transparencia, protección de datos y acceso a la información. Esto no solo es una modificación legislativa: es una oportunidad para reorientar el rumbo. En 2016, Baja California fue pionera al involucrar a la ciudadanía en su Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) a través de propuestas de la sociedad civil. Aunque más tarde se debilitó por la administración, ese precedente demuestra que la presión y el activismo ciudadano pueden ser efectivos.
Hoy podemos exigir que cualquier reserva de información esté debidamente justificada, sea temporal y susceptible de auditoría; que se publiquen todos los contratos públicos de forma completa, junto con sus anexos técnicos y financieros; que existan veedurías ciudadanas con capacidad de observación y denuncia durante los procesos de licitación y adjudicación; y que datos sobre seguridad, compras y obra pública se encuentren disponibles de manera proactiva y sin barreras formales. Solo así avanzaremos hacia un modelo de acceso eficaz, confiable y útil para la sociedad.
Con este propósito, les invito al Foro sobre Transparencia y Protección de Datos, que se celebrará el 19 de mayo en la UVM Campus Mexicali, organizado por Coparmex Mexicali, en colaboración con periodistas, la academia y la sociedad civil. Participarán Laura Enríquez (INFO-CDMX) y Adrián Alcalá (ex INAI), quienes presentarán propuestas y experiencias para afrontar esta nueva etapa.
El 19 de junio no es una fecha cualquiera; es un punto de inflexión entre una Baja California que valore el acceso a la verdad y un estado que se rinda al silencio institucional. Ya ha sucedido con la ley sobre desaparición forzada, que fue aplazada y debilitada a pesar de la urgencia expresada por los colectivos de búsqueda.
Hoy, al igual que en 2016, la distinción entre opacidad y transparencia depende de la acción ciudadana. Participemos. El nuevo sistema de transparencia y protección de datos de Baja California debe ser fruto de un esfuerzo conjunto.
Guillermo E. Rivera Millán es director general del despacho De la Peña y Rivera S.C.
Fundador de Justicia que Transforma México A.C.
