La organización México Evalúa informa que la violencia política en Veracruz ha aumentado un 400 por ciento en el contexto del proceso electoral.
En su informe, México Evalúa menciona el reciente asesinato de Yesenia Lara en Veracruz, quien fue ejecutada durante un acto proselitista rodeada de apoyadores y miembros de la comunidad. Lara buscaba la presidencia municipal de Texistepec como candidata de Morena. En el inicio de las campañas, también fue ultimado Germán Valencia, quien competía por la presidencia municipal de Coxquihui, igualmente por Morena y en Veracruz.
Se anticipa que las agresiones continuarán en las próximas semanas y tal vez meses. Las tendencias y los datos indican una profunda degradación política, institucional y social que afecta a amplias regiones del país. Esto evidencia el avance incontrolable de un régimen criminal en México, que actúa eliminando a políticos y funcionarios mediante la violencia, especialmente en entidades con elecciones, como Veracruz.
El crecimiento de los regímenes criminales
Esta calamidad de la democracia no es un fenómeno reciente. Los regímenes criminales han existido a lo largo de la historia moderna del país. Se refiere a formas de organización política donde grupos criminales —no solo cárteles, sino también colectivos políticos— imponen sus propias reglas, transgrediendo los marcos institucionales. En estos territorios, el crimen tiene más poder que aquello que llamamos Estado, que se supone debe garantizar ciertos mínimos de civilización. A diferencia de la política que sostiene la convivencia social a través del equilibrio entre lo formal e informal, en los regímenes criminales el único beneficiario es el crimen, que somete a personas e instituciones a su voluntad.
No solo es una situación desastrosa, también es un problema cada vez más desbordado. Existen varios esfuerzos significativos para medir la violencia político-criminal en tiempos recientes, con distintas debilidades y fortalezas. Sin embargo, los datos más sólidos y confiables provienen de Votar entre Balas. Las cifras son alarmantes: en el breve periodo entre 2018 y 2024, las víctimas anuales de violencia política aumentaron casi un 300%, sumando un total de 2,259. Los municipios impactados pasaron de 127 a 322 en ese mismo tiempo, un incremento del 153.5%. La mayoría de las víctimas son asesinos de actores municipales, con homicidios representando el 56.7% de las agresiones registradas, de las cuales el 72.3% involucra a actores municipales.
Veracruz: un ejemplo del desastre democrático
Veracruz se destaca como un claro ejemplo del desastre democrático. En el último sexenio, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en víctimas de violencia política, con 201 casos (60.7% son asesinatos), solo detrás de Guerrero (256) y Guanajuato (223), y muy por encima de Oaxaca (149) y Michoacán (137). En este estado, las víctimas de violencia política han aumentado un 400%, pasando de 10 en 2018 a 40 en 2024, año en que no se celebraron elecciones municipales.
Veracruz presenta todas las condiciones propicias para el desastre:
- Múltiples organizaciones criminales compiten violentamente por territorios para establecer sus propios regímenes. Un informe reciente de ACLED indica la presencia de eventos violentos vinculados al cártel de Sinaloa y sus grupos armados en diversas regiones del estado, así como la influencia del Cártel del Golfo y el Cártel Jalisco Nueva Generación, todos catalogados como terroristas por Estados Unidos, entre otros grupos regionales.
- Una variedad de rentables mercados ilícitos se han desarrollado, abarcando desde extorsión hasta el tráfico de armas, precursores químicos y personas.
- El estado cuenta con numerosas áreas clave para la expansión de estos mercados ilícitos, como el puerto de Veracruz, fundamental para el tráfico transnacional de mercancías ilegales, y las fronteras con Tamaulipas y Tabasco, cruciales para el robo y el contrabando de combustible, conocido como huachicol.
- De acuerdo con The World Justice Project, el Estado de derecho en Veracruz es muy débil. Las instituciones carecen de capacidad para cumplir con sus funciones básicas. En cuanto a seguridad y justicia, la prevención del delito, la procuración y administración de justicia, así como la ejecución de sanciones penales, son más promesas que realidades.
Este año se llevarán a cabo elecciones municipales, que representan oportunidades para que el crimen actúe con impunidad, creando espacios clave para establecer regímenes criminales desde el inicio de las administraciones. También habrá elecciones judiciales, añadiendo más áreas susceptibles de control. El riesgo es considerable.
Todas estas condiciones generan incentivos para la lucha por el control territorial, lo que a su vez lleva al uso de violencia política y criminal para imponer su dominio sobre los competidores. Actualmente no existe un protocolo de seguridad que aborde esta situación. Se ha alertado sobre esto anteriormente, se sigue advirtiendo hoy, y se seguirá haciendo tras las elecciones. La crisis persistirá ante la negación crónica del problema. Al final, son las personas quienes sufren, quedando bajo el yugo de un gobierno criminal.
