Las plataformas de streaming son servicios digitales que permiten a los usuarios ver contenido multimedia —como series, películas, música y programas de televisión— a través de internet. Este modelo de acceso en línea elimina la necesidad de descargar archivos, haciendo posible que el contenido se consuma en tiempo real en diversos dispositivos, como teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras y televisores inteligentes.
Gracias a su fácil acceso, estas plataformas han visto un crecimiento significativo en popularidad a lo largo de los años, convirtiéndose en un motor económico relevante dentro de la industria del entretenimiento, una situación que ya está siendo analizada por la nueva AGENCIA DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y TELECOMUNICACIONES (ATDT).
Según información de la revista Expansión, en el borrador de las leyes secundarias de telecomunicaciones de la ATDT se plantean propuestas para regular servicios de streaming como Netflix, Amazon y YouTube. Una de estas propuestas responde a críticas del empresario Carlos Slim, quien considera que las plataformas digitales se benefician de los servicios sin remunerar a las operadoras de telecomunicaciones.
El 10 de febrero pasado, Slim, dueño de América Móvil y grupo CARSO, indicó en una conferencia que las plataformas de streaming logran altas ganancias gracias al internet sin pagar costos adicionales, a diferencia de las operadoras que invierten anualmente en su infraestructura. “Las empresas de telecomunicaciones ofrecen servicios a YouTube y otras compañías que no pagan, cuando deberían contribuir”, afirmó el empresario en la rueda de prensa.
Desde 2002, existe el FONDO DE COBERTURA SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES, administrado por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES (SICT), con el objetivo de cerrar la brecha digital en México. Este fondo financia proyectos que extienden la infraestructura de telecomunicaciones a áreas rurales, indígenas y marginadas, cumpliendo con la Política de Inclusión Digital Universal.
El fondo busca garantizar el acceso a telecomunicaciones como un derecho humano, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 6 de la Constitución Mexicana. Además, apoya la creación de redes, instalación de antenas y despliegue de fibra óptica en localidades sin cobertura. En 2023-2024, se identificaron 51,632 localidades sin acceso a internet, reflejando la magnitud del reto.
Una de las propuestas actuales sugiere que las empresas digitales destinen un porcentaje indeterminado de sus ingresos a un fondo destinado a la cobertura social de telecomunicaciones en zonas de escasos recursos. En caso de que algunas plataformas se nieguen a cumplir, podrían enfrentar sanciones por parte de operadoras como Telcel, AT&T y Telefónica. Aunque esta propuesta y otras regulaciones aún no han sido aprobadas por el Senado de la República, se encuentran en revisión.
