“El presidente Trump busca desencadenar una suerte de conflicto civil constitucional, donde algunos Estados, similares a los del sur durante la guerra civil, negarán la ciudadanía a los niños nacidos en el país, mientras que otros, como los del norte, ofrecerán protección y refugio a todos los nacidos aquí, conforme a la Constitución”, declaró Adriano Espaillat, presidente del Caucus Hispano del Congreso, a EL PAÍS. El congresista de Nueva York estuvo presente en la manifestación que tuvo lugar esta mañana frente al Tribunal Supremo, defendiendo el derecho a la nacionalidad por nacimiento. A la protesta asistieron líderes políticos, religiosos y comunitarios, incluyendo a la congresista Delia Ramírez y a la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Mientras tanto, dentro del majestuoso edificio, los jueces de la Corte realizaban la primera audiencia que definirá si todos los niños nacidos en Estados Unidos, sin importar el estatus migratorio de los padres, son ciudadanos estadounidenses.
El Gobierno presentó una solicitud urgente al Alto Tribunal para que se elimine el alcance nacional de las decisiones de tribunales inferiores. Esto se produjo tras la resolución de tres jueces de distrito que bloquearon la orden ejecutiva del republicano, que revocaba el derecho a la nacionalidad a los hijos de padres indocumentados. Si el Supremo fallara a favor de la Administración Trump, el bloqueo de la orden solo sería efectivo en los Estados que formaron parte de la demanda que buscaba su anulación. Así, la ciudadanía de los hijos de migrantes indocumentados podría variar según el Estado en el que nazcan.
“Soy hija de inmigrantes y no permitiré que alteren la ley. Estoy aquí para luchar por mi gente, y como adolescente, considero fundamental mi participación, ya que somos tanto el presente como el futuro”, afirmaba Amber (nombre ficticio) frente al tribunal. Residente de New Haven (Connecticut), es una de las muchas personas que, con pancartas contra Trump, protestaban en defensa de un derecho protegido por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. A sus 18 años, Amber no sería ciudadana estadounidense si no estuviera respaldada por la Constitución. Activa en su comunidad en defensa de los derechos de los migrantes, se muestra reacia a admitir que sus padres, que llegaron a Estados Unidos hace más de 20 años, son indocumentados. “Mis papás y yo estamos en New Haven luchando cada día en manifestaciones, organizando reuniones para enseñar derechos a otros migrantes. Sí, tenemos miedo, pero lo enfrentamos unidos con nuestra comunidad”, confiesa.
Las manifestaciones frente al Supremo atrajeron a personas de diversas partes del país, quienes gritaban consignas que se han vuelto comunes durante las protestas contra las políticas antiinmigrantes de la Administración. “Fuera Trump”, “El pueblo unido, jamás será vencido”, “Queremos justicia y la queremos ahora” resonaban en español e inglés, mientras sostenían pancartas que denunciaban el ataque a la Constitución y calificaban al presidente de “fascista”.
Sonia Pérez viajó desde Nueva York para unirse a su grupo de defensa de derechos civiles, Doñas Academy, en la manifestación. Pérez, quien tiene un puesto ambulante de tamales en Brooklyn, lleva 30 de sus 53 años residiendo en Estados Unidos y recientemente obtuvo la residencia permanente. Tiene cuatro hijos y dos nietos, todos nacidos en Estados Unidos y ciudadanos gracias a la Decimocuarta Enmienda, cuya interpretación está actualmente en juego. “Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos y del Estado en el que residen”, especifica la enmienda. La Administración argumenta que los hijos de indocumentados están sujetos a la jurisdicción de otro país, no de Estados Unidos, y por ello no pueden ser considerados estadounidenses.
“Estoy aquí para luchar por mi comunidad. Si eliminaran la Decimocuarta Enmienda, tendría que haber regresado a México con mis hijos, quienes no conocen otro país y tendrían una vida totalmente diferente”, señala Pérez, reconociendo que, aunque tiene la green card, teme ser deportada. “Lucho por mis compañeros, porque si un niño toma un caramelo en la tienda, ya lo pueden tratar como un criminal. Eso no es justo, ya que nuestras vidas se han construido aquí. Venimos a este país en busca de una vida mejor, no para ser criminales”, protesta.
¿Ciudadanos de dónde?
Los carteles que se oponen a las deportaciones impulsadas por Trump destacan sobre las cabezas de los manifestantes. Si el Tribunal Supremo fallara a favor del magnate, surgirían muchas preguntas sobre el futuro de quienes nacen en territorio estadounidense. En teoría, si se convirtieran en indocumentados, estarían expuestos a la expulsión, aunque no está claro de qué manera ni hacia dónde.
“La deportación es para quienes nacieron en otros países y entraron aquí sin autorización. Pero, ¿a dónde se deporta a un niño nacido en este país? No tiene lógica. ¿Lo enviarían al país de sus padres? Pero ese no es su país”, argumenta Juan Pachón, vicepresidente de comunicación de la organización pro migrante FWD.us. “Además, no hay infraestructura suficiente para que hospitales, enfermeras y doctores implementen tal orden ejecutiva de esta forma. ¿Qué se necesitaría presentar cuando nace un bebé para verificar que los padres son ciudadanos americanos? Sería un caos completo no solo para la comunidad inmigrante, sino para todos los que estén dando a luz en ese momento”, añade.
Las extremas políticas antiinmigrantes de Trump han causado indignación en diversos sectores de la población, no únicamente entre los migrantes, que son los más afectados. Peter Fontneau, de 78 años, viajó desde Springfield, Virginia, para mostrar su apoyo a la causa de los migrantes. En su camiseta naranja, idéntica a la que llevan sus acompañantes, se puede leer “Side with love” (“ponte del lado del amor”), un lema de su organización Unitarian Universalist Association, que lucha por la justicia social. “El Gobierno manipula muchas palabras, afirmando en esencia que es el presidente, y no el Congreso ni el poder judicial, quien decide quién es, y quién no es ciudadano de Estados Unidos. Y eso no es democracia”, concluye.
