Artículo de Opinión escrito por: Armando Zúñiga Salinas | Vicepresidente de Comunicación de Coparmex Nacional | Vía: @Excelsior
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La elección de jueces y magistrados en México el 1 de junio será un hito importante en el sistema judicial. Por primera vez, el voto ciudadano determinará quiénes ocuparán 881 puestos a nivel federal, así como otros en 19 estados. Aunque se busca democratizar el acceso a la justicia, surgen preguntas: ¿realmente se fortalece el Poder Judicial o se compromete su autonomía?
Este proceso presenta argumentos tanto a favor como en contra de la votación popular. Los defensores sostienen que es una oportunidad para acercar la justicia a la población, mientras que los escépticos advierten que puede politizar el sistema, poniendo en riesgo la imparcialidad de jueces y magistrados, lo que podría ser una forma de validar un engaño.
No se trata únicamente de decidir si votar o no; esta decisión tiene implicaciones profundas sobre el futuro del país y el ejercicio de las libertades ciudadanas.
Independientemente de la perspectiva que se adopte, es crucial monitorear el proceso electoral muy de cerca. No es suficiente con esperar los resultados; hay que documentar el desarrollo de la elección, identificar posibles irregularidades y generar información que sea útil para futuras reformas. Varias organizaciones sociales y empresariales han resaltado que la observación no es simplemente apoyo, sino una herramienta de análisis y acción.
Para quienes opten por participar, el reto radica en hacerlo de manera informada. No es solo elegir jueces al azar; es fundamental evaluar su trayectoria, independencia y capacidad técnica, además de considerar quiénes han presentado sus candidaturas, ya sea el poder ejecutivo, legislativo, judicial, o aquellos que actualmente están en funciones. Los ciudadanos deben investigar a fondo los perfiles para evitar decisiones basadas en campañas superficiales o promesas populistas. El INE ofrece una plataforma valiosa para consultar el perfil y propuestas de más de 3,400 candidatos.
Además de la elección, es urgente establecer un mecanismo de rendición de cuentas que asegure que los jueces electos desempeñen su labor de manera transparente y justa. La creación del Tribunal de Disciplina Judicial puede ser un avance, pero su efectividad dependerá de que se mantenga independiente de intereses políticos.
Desde el ámbito empresarial, la reforma suscita inquietudes respecto a su impacto en la estabilidad jurídica del país. Las empresas deben revisar contratos, fortalecer el cumplimiento normativo y adaptarse al nuevo sistema. La incertidumbre jurídica podría incidir en la economía, y por ello es vital que los empresarios estén atentos al progreso del proceso.
Por su parte, el gobierno tiene mucho que corregir para generar confianza en esta reforma y contar con herramientas frente a los cambios en el orden económico internacional, enfocándose en las ventajas locales y regionales. La elección judicial no debería transformarse en una lucha de poder o en un experimento de popularidad. Para realmente fortalecer el sistema judicial, es imprescindible establecer reglas claras para la resolución de conflictos, asegurar la accesibilidad a la información y prevenir influencias indebidas sobre los jueces.
Lo que México necesita no es solo una elección judicial, sino un profundo debate sobre el acceso a la justicia. Es crucial un sistema que se base en el Estado de Derecho, garantizando legalidad, igualdad ante la ley y presunción de inocencia. Si este proceso no cumple estas exigencias, será un cambio superficial sin resolver los problemas fundamentales. La clave está en observar, participar de manera informada y exigir transparencia. Desde la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), como observadores ciudadanos a nivel nacional, estaremos vigilantes del desarrollo del proceso y señalaremos aspectos que consideremos importantes para su integridad, proponiendo ajustes que ofrezcan mayor certeza jurídica.
