Diversos contratistas que trabajaron en desarrollos de Casas Ara en Baja California, como Amaralta y Puerta Plata, han denunciado que la empresa les retuvo un 5% del valor total de los contratos. Esto se mencionó en relación a las obras realizadas, argumentando que la compañía dejaría de asignarles nuevos trabajos como consecuencia.
Algunos de estos contratistas, quienes llevaron a cabo obras en fraccionamientos como Hacienda Los Venados y Valle del Sol en Tijuana, también indicaron que la retención del porcentaje fue una práctica común aunque nunca se formalizaron contratos. Las quejas giran en torno a que, a pesar de haberse firmado acuerdos, en ningún momento se les pagó el total correspondiente.
Cuatro de estos contratistas han decidido emprender acciones legales contra la empresa, alegando que la cantidad total adeudada oscila entre 8 y 9 millones de pesos. Según declaraciones de José Antonio Medina Ochoa, uno de los afectados, él realizó diferentes trabajos en el fraccionamiento Amaralta y no recibió el pago completo por ellos.
Otro de los contratistas, Elías Vázquez, también afirmó que se le debe aproximadamente dos millones y medio de pesos, ya que realizó muros de contención y otros trabajos sin un contrato formal. Detalló que, además de retenerles montos, la empresa no cumplió con la totalidad de los pagos acordados.
Ignacio Bojruquez, otro de los afectados, destacó que había realizado obra en Valle del Sol y que a pesar de sus esfuerzos para cobrar, nunca obtuvo una respuesta satisfactoria de la empresa. Él mencionó que las promesas de pago son constantes, pero siempre terminan en negativas o cantidades mucho menores a las que correspondían.
Los denunciantes han exigido la regularización de esos pagos retenidos, fundamentando que la empresa no ha cumplido con los acuerdos establecidos. En respuesta a esto, la compañía se ha defendido alegando que las retenciones eran parte de una política común y que no se les está negando el pago absoluto, aunque los afectados insisten en lo contrario.
Finalmente, se espera que un mediador certificado tome parte en este conflicto para acercar a ambas partes y buscar una solución viable, ya que se trata de un problema patrimonial que requiere resolución. Hasta la fecha, los esfuerzos por contactar a representantes de Casas Ara han sido infructuosos, lo que ha impedido avanzar en el diálogo.