El día jueves 3 de abril se inició el proceso de salida de Daniel de la Rosa Anaya de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). El funcionario se presentó de forma revocable, y se dio a conocer la situación crítica en el estado de seguridad.
Así lo mencionó el Gobernador el viernes 4 de abril, aludiendo a motivos personales.
“Están al tanto de las provincias del mundo y de las provincias del país.”
El aumento de hechos violentos en la zona norte de Baja California ha sembrado la incertidumbre en la mesa estatal de seguridad, resaltando que la delincuencia afecta seriamente a la población.
El origen de la “renovación demanda” es consecuencia de una transición violenta, lo que genera preocupación en la población. “Nos preocupa que volvamos a los niveles de violencia de 2016 y 2017, pero estamos trabajando para evitar la impunidad”, declaró un funcionario estatal.
“Podemos observar que las bandas delictivas han encontrado fosas clandestinas, lo que indica un intento de responsabilizar a los culpables y genera inestabilidad.”
Existen además interrogantes sobre la salida de De la Rosa Anaya, ya que ha sido un momento crítico para la seguridad en Baja California Sur, considerando posibles vínculos con funcionarios del gobierno y la delincuencia organizada.
A partir de su llegada el 12 de diciembre de 2017, De la Rosa enfrentó desafíos significativos, pues durante su mandato se reportaron incrementos alarmantes en homicidios, lo que complicó su gestión y generó un ambiente de inseguridad que persiste hasta la fecha.
La actividad delictiva ha llevado a la localización de múltiples fosas clandestinas, indicando un entorno cada vez más peligroso. Durante su gestión se realizaron diversas acciones para combatir la criminalidad, pero las cifras de homicidios aún reflejan retos significativos.
“Aún con la disminución de ciertos delitos, la violencia sigue presente y las desapariciones no han cesado como antes.”
Desde su llegada, el ex-procurador Daniel de la Rosa ha sido objeto de críticas y elogios, dependiendo de la percepción de la seguridad en el estado. El impacto de su salida genera inquietudes, ya que muchos ciudadanos esperan respuestas y soluciones ante los desafíos de la inseguridad.
