“Esperamos que el país ponga énfasis en cumplir con la adopción de medidas para abordar las problemáticas señaladas.”

La investigación sobre los derechos humanos es fundamental en el contexto de las personas en movilidad.

El escenario actual plantea importantes desafíos a nivel mundial.

A pesar de la gravedad del crimen, el Estado mexicano no ha respondido adecuadamente a las demandas planteadas, ni ha reconocido que es necesario un diseño de políticas eficaces para atender los casos de desapariciones, según lo afirmaron las organizaciones.

Además, el gobierno ha admitido la urgencia de fortalecer los mecanismos que permitan a las familias de las personas desaparecidas acceder a la justicia.

Las organizaciones recordaron que hay procesos judiciales en relación a las masacres de migrantes que han ocurrido en México. En 2010, se registró el asesinato de 72 inmigrantes en Tamaulipas, donde también se encontraron fosas clandestinas en San Fernando.

A pesar de la gravedad de los crímenes, el Estado mexicano no ha llevado a cabo investigaciones adecuadas ni ha reportado avances en los casos iniciados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Según las organizaciones, la tasa de resolución de delitos contra migrantes es baja en el país. Entre 2019 y 2025, se emitieron 53 sentencias, de las cuales 10 fueron absolutorias. Durante el período de 2018 a 2023, se dictaron 15 sentencias condenatorias por desapariciones forzadas.

Las organizaciones también señalaron que el Comité de la ONU ha expresado su preocupación por los efectos de la militarización del control migratorio, citando casos de asesinatos de migrantes a manos de las fuerzas armadas.

El gobierno mexicano, además de no adoptar políticas ante las graves violaciones de derechos humanos, ha dejado de responder a los casos preocupantes, tales como lo ocurrido en Camargo, Tamaulipas, en 2021, o el asesinato de Cristóbal Barco, a manos de la Guardia Nacional en Chiapas. También se mencionan otros horrendos sucesos como el de Victoria Salazar, originaria de El Salvador, y el caso en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2023.

Las organizaciones reclaman urgentemente que las personas migrantes accedan a sus derechos, en lugar de enfrentarse a la violencia y la impunidad.

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