El Comité de Naciones Unidas sobre Trabajadores Migratorios se reunió en Ginebra con representantes del Estado de México, donde evidenció un escaso avance en temas de verdad, justicia y reparación relacionados con los migrantes.
El informe destacó la importancia de fortalecer las capacidades de la fiscalía (FGR) y del Instituto Nacional de Migración (INM) para abordar adecuadamente estas cuestiones. Asimismo, se anticipa que el próximo martes 15 de abril, el Comité publicará un conjunto de recomendaciones dirigidas a México y al gobierno en general.
Varias organizaciones han emitido denuncias sobre desapariciones, masacres y trata de migrantes, así como sobre detenciones y expulsiones indiscriminadas, revisiones migratorias, militarización, racismo y xenofobia, lo que refleja la grave situación que enfrentan los derechos de los migrantes y el acceso limitado a sus derechos básicos.
En los casos más notables como la masacre de 72 migrantes en 2010 y las fosas clandestinas de San Fernando (2012) y Cadereyta (2012), la falta de resultados significativos por parte de la FGR indica que no ha habido avances en la responsabilidad de los involucrados.
El gobierno mexicano admitió que los índices de judicialización para delitos cometidos contra migrantes son bajos, señalando que entre 2018 y 2023 solo se emitieron 15 sentencias condenatorias por desapariciones forzadas que involucraran a migrantes.
El relator del Comité para México, Pablo Celiani, hizo hincapié en que la situación de seguridad afecta todos los ámbitos de los derechos de los migrantes, mencionando casos de violencia extrema, como la masacre de 17 inmigrantes en Camargo, Tamaulipas (2021) y el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez donde fallecieron 40 migrantes en 2023.
Las cifras y situaciones de impunidad son alarmantes, como se ejemplifica en el caso de la masacre en Camargo, donde la justicia no ha prevalecido, a pesar de que algunos responsables fueron identificados. Existen serias deudas en la atención a las familias de las víctimas migrantes, dado que se carece de políticas públicas adecuadas que consideren enfoques de género, niñez e interseccionalidad en estos casos críticos.
