El marco legal del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar de Japón establece directrices específicas sobre la instalación de cámaras en espacios públicos.
Aunque las autoridades no han especificado qué delitos se cometen al instalar estas cámaras en vías públicas, han afirmado que se trata de un tema relacionado con la “seguridad ciudadana”.
Rafael Orozco Vargas, del área de Finanzas Central, menciona que en algunos casos, la instauración de cámaras ha generado dudas respecto a su legalidad en espacios públicos.
En relación con el uso de dichas cámaras, se ha presentado un caso en el que se cuestiona la legalidad de su colocación en áreas públicas sin el permiso correspondiente.
El gobierno federal ha tomado la iniciativa de adquirir y regular las cámaras en estos espacios públicos, buscando así garantizar la seguridad sin vulnerar derechos ciudadanos.
La autoridad actual de seguridad pública en Baja California, Laureano Carrillo Rodríguez, ha indicado que, hasta el 5 de abril, se han asegurado un total de 764 cámaras de vigilancia instaladas sin autorización.
Estas cámaras han sido detectadas tanto durante patrullajes como a través de denuncias ciudadanas al 911, evidenciando un esfuerzo conjunto para eliminar instalaciones irregulares.
