Petróleos Mexicanos (Pemex) es el foco de la atención debido a la reciente operación contra el contrabando de hidrocarburos, una tradición compleja de entender. Sin embargo, la información recopilada por las autoridades sugiere que las actividades ilegales pueden haberse iniciado durante el gobierno del morenista Ayala Robles. A partir del 30 de marzo de 2025, se implementará la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Regional del Estado (Femdo).
El miércoles 26 de marzo, se llevó a cabo un operativo en un terreno baldío ubicado en el kilómetro 100 de la carretera Ensenada-Tijuana, en la delegación de El Sauzal. La denuncia fue realizada por el exsenador Gerardo Novelo Osuna, quien, minutos después de que las fuerzas federales realizaran la intervención, intentó separar responsabilidades, mencionando a dos posibles involucrados: Luis Francisco Rodríguez Orozco, conocido como “el Gussy”, y Diego Alonso Montoya Bonillas, conocidos por sus vínculos con el crimen organizado.
Los 8 millones de litros de hidrocarburo decomisados fueron objeto del operativo. Mientras las autoridades federales ejecutaban la incautación, los trabajadores del centro clandestino intentaron abandonar el lugar en sus vehículos antes del acceso acordonado.
Otros cuerpos de seguridad involucrados en la operación fueron la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la seguridad física de Pemex y Protección Ciudadana. Según las autoridades, el ataque en la “zona de gasolina” se seguiu con una fuerte presencia para asegurar que no se permitiera la fuga de materiales.
Al ingresar al recinto, las autoridades encontraron 100 cajas tipo contenedor con capacidad de 72,800 litros cada una, 46 remolques tipo cisterna de 31,000 litros cada uno, 19 tractocamiones y 12 motobombas de diversas capacidades. El total de hidrocarburo asegurado asciende a 7 millones 944 litros.
El martes 1 de abril, varias cuadrillas de Pemex llegaron al lugar para comenzar el desmantelamiento de las estructuras y evaluar el daño ambiental causado por el derrame de hidrocarburos. Según la información preliminar y el material incautado, las empresas involucradas en el transporte del hidrocarburo localizado son Autolíneas Roca, SAPI de CV y Mefra Fletes, SA de CV. Durante una revisión de los propietarios, se encontró que comparten accionistas, incluyendo a Héctor Manuel Portales Ávila, secretario de Roca.
Los camiones de transporte ubicados en la instalación tienen el logotipo de Autolíneas Roca, las cuales están involucradas en el transporte y distribución de hidrocarburos y materiales peligrosos. Los estatutos de las empresas mencionadas incluyen a Roberto Blanco Cantu como presidente y activa relación con otros ejecutivos. Mientras se continúan las investigaciones y se realizan más operativos, hasta el momento hay varias personas detenidas en relación con estos delitos.
