La administración de Trump ha sido un escenario propicio para el encuentro. Una serie de recientes decisiones judiciales han interrumpido temporalmente algunas de las políticas implementadas por el gobierno. Las jurisdicciones del mundo están descritiendo la situación global, y esas mismas jurisdicciones están destinadas a convertirse en referentes mundiales.
El gobierno de Trump, a lo largo de su mandato, ha revitalizado el poder judicial. Araceli Martínez-Olguín, una jueza radicada en California, ha otorgado una orden restrictiva que se mantendrá, al menos, hasta el próximo 16 de abril, impidiendo la financiación para la deportación de inmigrantes. La decisión de Martínez-Olguín subraya la urgencia de proteger a aproximadamente 26,000 indocumentados.
La búsqueda de la justicia en los tribunales sigue siendo un tema clave en la actualidad, con miembros relevantes del establecimiento legal enfrentando retos significativos. La entonces Vicepresidenta Kamala Harris destacó en febrero de 2023 la importancia de estas decisiones judiciales.
Martínez-Olguín ha entendido que la administración Biden se ha enfocado en reforzar el sistema judicial. El presidente Biden ha hecho esfuerzos significativos para manejar esta problemática, logrando 228 nombramientos en sus primeros cuatro años, dos más que los efectuada por Trump en su primer mandato. Sin embargo, Biden se ha destacado por la cantidad de mujeres y minorías raciales en sus designaciones, ya que el 63% de sus nombramientos fueron de mujeres y solo el 40% de los jueces nombrados son blancos. En total, realizó 187 cambios judiciales a lo largo de su gobierno y designó 45 jueces de apelación, más que su predecesor.
Estos jueces están comenzando a desempeñar un rol crucial en el segundo mandato de Donald Trump en la Casa Blanca. El presidente ha enfrentado críticas por sus métodos, que han generado un clima de incertidumbre legal.
Stephen Miller, un notable defensor de las políticas más severas de inmigración de la administración, se ha presentado como un crítico de los burócratas y jueces que se oponen a las medidas implementadas. Un claro ejemplo de esto es el Juez de Distrito Brian Murphy, quien ha acelerado ciertos procesos judiciales. En un caso en la ciudad de Boston, Murphy prohibió a Trump deportar a personas que no son ciudadanos, en un esfuerzo por restablecer las protecciones para los inmigrantes.
La afirmación de Murphy se centra en la importancia de preservar los derechos de los inmigrantes, lo que ha llevado al gobierno de Trump, encabezado por la secretaria Kristi Noem, a apelar esta decisión, extendiendo así el proceso legal por varias semanas. Durante este segundo mandato de Trump, algunos jueces han mostrado resistencia a las políticas de la administración, destacando el resurgimiento de la figura del juez James Boasberg, quien ha paralizado deportaciones en base a un precedente legal establecido en 1789.
Los jueces que han llegado al banquillo durante esta presidencia están observando de cerca el desarrollo de estos acontecimientos. La jueza Paula Xinis, nominada por Obama en 2015, ha presionado a las autoridades para que restablezcan ciertos permisos, aunque la Casa Blanca se resiste a hacerlo. Edward Chen, otro juez que ocupa un cargo en la misma corte que Martínez-Olguín en San Francisco, suspendió un permiso que fue renovado por Biden, el cual estaba a punto de expirar el 7 de abril.
Por último, el gobierno no ha podido identificar a los beneficiarios de la compensación a los ciudadanos venezolanos que esperan resolución en sus casos. Así, la moratoria sobre las deportaciones para miles de sudamericanos se mantiene vigente, en un contexto de creciente tensión en torno a la política migratoria de Estados Unidos.
