El Gobierno de México rechazó, este sábado, las declaraciones emitidas por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED).
Esta reacción oficial se produce después de que Olivier de Frouville, presidente del comité, anunciara que durante el 28° periodo de sesiones, el CED decidió activar un procedimiento contemplado en el artículo referente a las desapariciones forzadas. Este mecanismo, reservado para casos de “gravedad extrema”, permite llevar la situación ante la Asamblea General de la ONU.
México enfrenta una crisis grave en relación con personas desaparecidas, registrando más de 120,000 casos. Este aumento ha estado relacionado con la violencia criminal que afecta al país, intensificándose desde 2014.
El Gobierno mexicano defiende su postura, afirmando que respeta y promueve los derechos humanos, y rechaza cualquier insinuación de que las desapariciones forzadas sean parte de su política. Se afirma que el bienestar de la nación es prioridad.
Además, se enfatiza que el gobierno ha mantenido una comunicación formal con el CED, y ha compartido documentos que muestran su compromiso con la lucha por los derechos humanos en el país.
Las autoridades mexicanas subrayan que están dispuestas a cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, lo que incluye responder a la comunicación del CED y a cualquier otra inquietud relacionada.
Esta postura se ha comunicado formalmente tanto a la sede del CED como a otras entidades pertinentes para asegurar transparencia y cooperación en estas cuestiones críticas.
