Santiago. La senadora del Partido Socialista, Isabel Allende Bussi (80 años) y hija del expresidente chileno Salvador Allende Gossens (1970/73), fue destituida de su cargo por el Tribunal Constitucional (TC) tras determinar que se benefició indebidamente de su posición parlamentaria al celebrar contratos de compraventa.
La decisión del TC es un impacto político significativo y resalta la negligencia en el gobierno de Gabriel Boric, que enfrenta un desafío considerable. Esta situación también pone de relieve los problemas de control y supervisión en la administración.
La propiedad en cuestión, junto con otras dos que pertenecieron al expresidente Patricio Aylwin (1990/94), fue comunicada a la senadora en diciembre de 2024, a pesar de que existen prohibiciones constitucionales al respecto.
Se ha mencionado que, contrario a las expectativas, el fallo en este caso fue contundente. Se ha afirmado que “el cargo es un lugar donde vivimos, es un espacio en el que se desarrolla gran parte de nuestra vida pública”.
La decisión del TC fue aprobada con el respaldo de ocho votos, marcando un precedente en la historia política del país. Tras más de 31 interrupciones en el Parlamento, Allende Bussi tuvo una carrera política que inició como diputada (1994/2010) y que continuó en la Cámara Alta, representando a la región de Valparaíso, donde su padre también ejerció como senador entre 1961 y 1969.
Este es un hecho inédito, ya que es la primera vez que el Tribunal Constitucional aprueba la destitución de un legislador en Chile.
Cuando surgieron las acusaciones, la senadora afirmó que “hemos cumplido con el mando de actuar con compromiso” y que “toda la actuación de la familia fue de buena fe”, lo que ha generado una discusión dentro del sector público.
En otras noticias, trabajadores del sector público, pertenecientes a sindicatos de enfermería y empleados fiscales, respaldados por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), llevaron a cabo un paro nacional con demandas que incluyen la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, el fin de la precarización laboral y un “salario vital” equivalente a 725 dólares mensuales.
