En el evento del 87.º aniversario de la expropiación petrolera de Lázaro Cárdenas, se presentó el Sector Energético de México Anoe Stand de Enel, destacando que las recientes leyes secundarias cambiarán drásticamente el rumbo establecido por las reformas energéticas de 2013, que permitieron la inversión privada y extranjera en la industria.
El gobierno de Enrique Peña Nieto había prometido la participación de empresas privadas en la producción de petróleo, gas y electricidad, con el objetivo de modernizar la infraestructura, reducir costos y aumentar la eficiencia. Sin embargo, esta política de libre mercado chocó con la visión nacionalista de su sucesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien limitó la intervención extranjera para priorizar la soberanía energética de México.
Nuevas Leyes y Control Estatal
Bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, México se encuentra en un proceso de recuperar el control estatal sobre la energía a través de las nuevas leyes secundarias. Estas reformas refuerzan la importancia de la soberanía energética.
Uno de los cambios más significativos es el retorno del dominio estatal en la producción y distribución de energía. A Pemex, la gigante petrolera estatal, se le concede mayor control sobre las empresas asociadas, mientras que se refuerza el papel de la CFE en la generación de electricidad, garantizando que al menos el 54% de la energía provenga de la empresa estatal.
Con esto, se desmantela el mercado energético competitivo que se estableció en 2013, asegurando que el estado mantenga el control, sin importar las consecuencias para el sector. Se han creado nuevas regulaciones, además, que pueden restringir la competencia y la innovación, en un intento por mantener un enfoque de control estatal en un sector donde se esperaba la participación de actores privados.
Interferencia Política
Ahora, el gobierno tiene más injerencia en el sector energético, lo que, según los críticos, podría aumentar la corrupción. El gobierno argumenta que esta medida ha reducido costos y agilizado la toma de decisiones, pero los escépticos temen que esto elimine la supervisión necesaria para garantizar una política energética equilibrada.
A diferencia de AMLO, que impulsó las energías limpias, el enfoque actual parece priorizar el petróleo y el gas sobre las alternativas sostenibles. Bajo las nuevas leyes, la CFE liderará la transición energética, lo que podría desacelerar la innovación al imponer regulaciones inciertas y menores incentivos a las empresas de energías renovables. México cuenta con potencial para convertirse en líder en energías renovables, pero el control estatal podría ser un obstáculo.
Se plantean numerosas dudas sobre la efectividad de esta transformación energética. Por un lado, el control estatal puede ofrecer estabilidad, pero por otro lado, la eliminación de la competencia podría resultar en un aumento de costos y suministro energético ineficaz. Según observadores externos, el éxito de esta transición dependerá de la habilidad del gobierno para gestionar las empresas estatales y facilitar la transición hacia energías renovables, mientras el mundo continúa observando estos desarrollos en México.
