EN Unaño, la Fiscalía General del Estado (FGE), ha emitido 16 órdenes de aprehensión contra miembros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) por su presunta implicación en un caso de desaparición forzada.
De los 16 agentes municipales, donde se incluye una mujer con orden de captura, y que son acusados de los delitos ocurridos en el Valle de Guadalupe, solo 11 han sido detenidos y se encuentran en un Centro de Reinserción Social (Cereso); el resto está prófugo de la justicia.
El suceso más reciente tuvo lugar la noche del 6 de marzo, cuando fuerzas policiales detuvieron a seis hombres trabajadores de un rancho que abarcaba regiones de Tijuana y Sinaloa mientras se encontraban en una camioneta.
Además, cinco trabajadores de entre 18 y 22 años, quienes se dirigían al área metropolitana de Tierra Santa, están desaparecidos. Estos incluyen a Rigober River, Josué Fernando Tiznado Vidaca y Juan Edgar Mayorga Pérez, todos originarios de Tijuana, así como a Rubén Efren Ray Aldaz y a Ángel “N”, ambos de Sinaloa.
Los hechos están relacionados con la continua pugna delictiva que se presenta en la demarcación de Maneadero, dominada por grupos del Cártel de Sinaloa. Los conflictos han sido exacerbados por la presencia de una célula criminal conocida como “El Speed”, operada por Javier Adrián Beltrán Cabrera, conocido también como “El Pedrito”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La situación ha resultado en la detención de varios agentes de la extinta Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) desde 2014, lo que ha llevado a un aumento de los movimientos de drogas y al involucramiento de un amplio rango de actores en esta problemática.
Por este caso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación con el número de expediente 43-2025. Al mismo tiempo, seis de los ocho agentes municipales que participaron en la reciente detención han sido igualmente vinculados a la desaparición de los trabajadores, quienes son considerados testigos clave en el proceso judicial.
