El Gobierno de Estados Unidos ha reconocido que deportó a Kilmar Armando Abrego García, un salvadoreño que contaba con protección legal. Así lo indicó la organización jurídica “Errrr Assistation”, que declaró que el deportado no debería haber sido expulsado.

“A pesar de que ICE conocía su estatus de protección contra la deportación, Abrego García fue regresado a El Salvador por un error administrativo”, argumentó el Gobierno ante el tribunal, según medios salvadoreños.

Kilmar Armando Abrego García, de 29 años, trabajaba como obrero en Maryland y estaba casado con una ciudadana estadounidense, siendo padre de un niño con discapacidad, también ciudadano estadounidense. Residía en el condado de Prince George junto a su familia y otros dos hijos de su esposa, y desde 2019 tenía una protección que impedía su deportación.

El 15 de marzo, fue uno de los 23 salvadoreños deportados, junto a 238 venezolanos, sin haber recibido una orden judicial. Los deportados fueron llevados a prisión por el gobierno de Nayib Bukele, conocido por sus deplorables condiciones carcelarias. Este traslado a El Salvador se llevó a cabo a pesar de una prohibición emitida mientras se encontraba en el avión, que se había manifestado con un recurso de apelación.

Las autoridades estadounidenses han acusado a Abrego García de pertenecer a la pandilla MS-13, aunque no se han presentado pruebas al respecto. Según su defensa, no hay antecedentes penales ni evidencia que demuestre su vinculación con ninguna banda criminal.

Abrego García había sido detenido en 2019 junto a otros hombres mientras buscaba trabajo cerca de una tienda Home Depot en Maryland. A pesar de las acusaciones, hasta el momento no se le había imputado ningún delito. Sin embargo, temía por su seguridad en caso de ser deportado, dado el contexto de violencia en su país de origen.

La detención de Abrego García ocurrió el 12 de marzo cuando salió de su trabajo en Baltimore. Mientras se encontraba conduciendo con su hijo en el asiento trasero, agentes de ICE lo interceptaron y le informaron que su estatus migratorio había cambiado. Confundido, se comunicó con su esposa para informarle sobre la situación.

Defensores de migrantes han denunciado que en numerosos casos, los tatuajes han sido el único motivo por el que muchos deportados han sido acusados de pertenecer a pandillas. Abrego García había sido acosado por pandilleros desde joven, enfrentando amenazas de secuestro y muerte para que sus padres cedieran a las extorsiones.

Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, afirmó que no hay lugar para que se haga justicia una vez que se ha consumado la deportación, advirtiendo del inminente riesgo de daños irreparables que enfrenta su cliente en el país al que ha sido deportado.

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