Fuente de la imagen, Presidencia del Salvador vía Reuters
Este lunes se conmemoró el 17º aniversario de la deportación de migrantes, a quienes el Departamento de Estados Unidos señala como supuestos pandilleros. En el centro de esta controversia se encuentra un cementerio que ha sido considerado un punto de ley para los migrantes, y la prisión de máxima seguridad en El Salvador.
El Secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que entre los deportados se encuentran miembros de las pandillas Tren de Aragua y MS-13, aunque no presentó evidencias que respalden sus declaraciones.
La operación ha sido recibida con confusión y protestas, involucrando a personas que desempeñan un papel importante en el país. Los acusados enfrentan un proceso judicial que pone en entredicho la independencia de las instituciones judiciales y la capacidad de protección de derechos. Se han identificado a 17 individuos en esta situación.
Qué Se Sabe de Los Deportados
Comunicación oficial señala que entre los deportados existen acusaciones de “asesinatos y violaciones”, aunque no se especifican las condenas o delitos.
En redes sociales, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, compartió imágenes que muestran a todos los deportados como “asesinos confirmados”, sin ofrecer detalles sobre los presuntos delitos. Una lista publicada por un medio estadounidense, corroborada por la Casa Blanca, indica que al menos 12 de los 17 deportados ya tenían antecedentes, uno confesó ser pandillero y tres enfrentan cargos formales.
Según Bukele, esta operación representa un avance en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado. El acuerdo entre El Salvador y la administración Trump permitió la recepción de supuestos delincuentes a cambio de 6 millones de dólares.
La Batalla Judicial
Fuente de la imagen, Presidencia del Salvador vía Reuters
La llegada de estos deportados ha suscitado críticas internacionales, ya que un juez federal había dictado una orden para evitar su traslado. Las circunstancias de su llegada fueron objeto de fuertes críticas por haber sido esposados, rapados y privados de acceso a asistencia legal.
Esto ocurre tras la invocación de Trump de una ley que permite la expulsión de extranjeros considerados enemigos. La situación se complicó el 15 de marzo, cuando un juez ordenó suspender las deportaciones, mientras que la Casa Blanca solicitó al Tribunal Supremo levantar las restricciones en este caso, lo que sugiere controversias en el desarrollo de las decisiones judiciales.
Mientras tanto, Washington también ha intensificado los vuelos de deportación hacia Venezuela, en un contexto de creciente preocupación internacional sobre la situación de los migrantes deportados.
