En Unaño, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha emitido 16 órdenes de aprehensión contra miembros de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) por su supuesta implicación en la desaparición forzada de personas. Entre los acusados, hay una mujer que también cuenta con orden de captura, todos implicados en hechos ocurridos en el Valle de Guadalupe. En total, 11 de los agentes se encuentran en el Centro de Reinserción Social (Cereso) y el resto se encuentra prófugo de la justicia.
El incidente más reciente se produjo la noche del 6 de marzo, cuando se arrestaron a seis hombres que trabajaban en un rancho ubicado entre Tijuana y Sinaloa. Otros cinco trabajadores, con edades de entre 18 y 22 años, que se trasladaban al área metropolitana de Tierra Santa y El Povenir, permanecen desaparecidos. Los individuos desaparecidos son Rigober River, Josué Fernando Tiznado Vidaca, Juan Edgar Mayorga Pérez, Rubén Efren Ray Aldaz y Ángel “N”, todos de Tijuana y Sinaloa.
Estos hechos están estrechamente ligados a una prolongada pugna delictiva que se desarrolla en la zona de Maneadero, donde se han manifestado grupos vinculados al Cártel de Sinaloa y otros delincuentes reconocidos como Leopoldo Lizarra Ochoa, conocido como “El Polo” o “El Pantera”, así como Javier Adrián Beltrán Cabrera, conocido como “El Pedrito”, asociado a Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La situación se agravó desde el 2014, cuando la extinta Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) comenzó operaciones contra amenazas del narcotráfico en la región, incluyendo el tráfico de drogas y violencia asociada a estos delitos. Las autoridades han realizado múltiples operativos en esta área, centrando sus esfuerzos en estabilizar la situación de seguridad.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ha abierto una investigación bajo el expediente 43-2025. Asimismo, seis de los ocho agentes que participaron en los arrestos han sido vinculados a la causa. Los detenidos son Alberto Cisneros, Owen Vázquez, Jesús Pedraza, Rubén Soto, Eduardo Pelayo y Edy Morales, quienes serán testigos claves para dar con el paradero de los trabajadores desaparecidos.
Las audiencias están programadas para el martes 25 de marzo, dentro del caso penal 01-2025-03582, donde se presentarán pruebas para justificar la detención de los acusados. La policía ha indicado que se desarrollarán estrategias con grupos de trabajo entre varios departamentos para una mejor coordinación en la respuesta al crimen, buscando ser más multifacéticos y eficaces.
Este esfuerzo tiene el objetivo de estabilizar la situación de seguridad en Tijuana, así como prevenir futuros delitos. Las autoridades reconocen la necesidad de mejorar su estructura operativa y el control de sus acciones para garantizar la seguridad pública y resguardar los derechos de los ciudadanos ante las crecientes amenazas del crimen organizado.
