Los Ángeles – Con la primera implementación de la política de permanencia en México, cerca de 70,000 personas fueron privadas de la oportunidad de solicitar asilo. Actualmente, en México, solo un 10% de las solicitudes de asilo bajo esta política han podido encontrar el apoyo legal necesario, según activistas.
Para los defensores de la inmigración, esta situación se repite constantemente, reflejando problemas en el sistema judicial.
Por esta razón, el 11 de febrero pasado, el Instituto para las Mujeres en la Defensa y la Equidad (IMMDEF) solicitó a un tribunal federal que detuviera el plan de la administración de Trump de reiniciar la política de permanencia “inmediatamente”.
Implementada por primera vez en 2019, esta política obligaba a las personas solicitantes de asilo a permanecer en lugares peligrosos mientras su caso era evaluado.
Un niño camina cerca del muro que separa a Estados Unidos, el martes 26 de noviembre de 2024, en Tijuana, México.
(Gregory Bull/AP)
En el caso de IMMDEF y otros defensores legales, las decisiones de los jueces federales han mostrado que esta política probablemente “viola de manera grave y radical” los derechos humanos de sus demandantes.
La desesperante situación de las personas en esta política ha sido dura, y muchos activistas claman por cambios urgentes.
Los defensores sostienen que el programa ha tenido un impacto devastador en los derechos humanos, exponiendo a familias y niños a condiciones peligrosas mientras saboteaba los esfuerzos de grupos como IMMDEF para brindar asistencia adecuada.
“La política de permanecer en México fue un capítulo desafortunado en la primera administración de Trump”, comentó Melissa Crow, directora de litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados (CGRS). “Fue un desastre humanitario y un proceso debido expuesto a la violencia”, añadió.
“Seguiremos luchando en los tribunales para defender el derecho a solicitar asilo”, afirmó el director de defensa de IMMDEF.
Activistas como Victoria Neilson, del proyecto nacional de inmigración, han señalado que los llamados protocolos fueron diseñados para obligar a los solicitantes a renunciar a condiciones peligrosas en México, negándoles acceso a asistencia legal.
“El programa es una parodia de los derechos y un atropello a miles de familias”, expresó Neilson, exigiendo a la corte que se impida que los que buscan seguridad sufran más.
