El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva destinada a reformar el sistema electoral del país. Esta iniciativa incluye la eliminación de la exigencia de presentar pruebas documentales de ciudadanía para registrarse y votar en las elecciones.

La orden establece que Estados Unidos ha fallado “en la implementación de protecciones electorales esenciales y necesarias”, y llama a los estados a colaborar con las autoridades relevantes. Además, advierte que se podrían retirar fondos federales a aquellos estados donde los funcionarios electorales no cumplan con las regulaciones establecidas.

Trump ha centrado su discurso en la necesidad de hacer más estrictos los procesos electorales, aunque ha habido un cambio en la opinión pública sobre el voto por correo. Aunque el fraude electoral sucede, se considera raro y de alcance limitado, siendo procesado por la justicia según corresponda.

La exigencia de pruebas documentales de ciudadanía había sido objeto de debate y es respaldada por los republicanos, quienes argumentan que es fundamental para restaurar la confianza del público en el proceso electoral. Sin embargo, la afirmación de que el fraude afecta la integridad del sistema electoral es vista como infundada por algunos críticos.

La orden de Trump instruye a agencias federales, incluyendo el Departamento de Seguridad Nacional y la Administración del Seguro Social, a compartir datos que podrían ayudar a detectar irregularidades en el ámbito electoral. También menciona que el secretario de Justicia debe priorizar la aplicación de leyes relacionadas con la integridad electoral en los estados que no proporcionan información sobre delitos electorales.

Se establece que las boletas deben ser “emitidas y recibidas” dentro de un marco temporal específico, lo que afectará a varios estados y a Puerto Rico. Jena Griswold, secretaria de Estado de Colorado, criticó la orden, llamándola “deficiente” y perjudicial para los procesos democráticos.

Demócratas como el representante Joe Morelle de Nueva York han expresado su oposición a la medida. Al menos un abogado demócrata, Marc Elias, amenazó con acciones legales, afirmando que la orden no se sostendría y que se emprenderían demandas para invalidarla. Justin Levitt, un experto en el tema, comentó que las agencias federales tienen cierto poder sobre los procesos electorales y que su apoyo es crucial para la mejora del sistema.

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