El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, ha construido un muro de aproximadamente nueve metros de altura que atraviesa el cauce del río Tijuana, situándose en la frontera con México. Esta acción ha suscitado preocupaciones en relación con los tratados internacionales que rigen los límites territoriales y naturales entre ambas naciones.
De igual manera, se han planteado interrogantes acerca de los efectos que esta obra puede tener sobre las familias que habitan en las áreas afectadas.
La supervisión del paisaje se llevará a cabo de manera electrónica y se incrementará con el flujo de agua que se genere en el canal.
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Adriana Reséndez Maldonado, comisionada de la sección mexicana de la Comisión de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos (CILA), compartió la postura oficial ante los medios, así como respecto a otros tratados internacionales.
Ella subrayó que “los efectos del muro serían negativos y podrían provocar conflictos, daños y pérdidas de vidas en territorio mexicano”, lo que ha llevado a mantener esta postura hasta el momento.
El río Tijuana, que se extiende a lo largo de 195 kilómetros, fluye entre México y Estados Unidos y se localiza entre los estados de Baja California (EE.UU.) y Baja California Norte (México).
Este es un tema complejo que México debe abordar con seriedad.
Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de Derechos Humanos, señaló que “se trata de un tema complejo” que implica múltiples dimensiones, no solo ambientales y sociales, sino también políticas, donde es básica una reacción efectiva.
“La cuestión aquí radica en cómo se puede evaluar la construcción de este muro, que también funciona como un puente en el ecosistema de la región, así como la respuesta del gobierno mexicano ante las objeciones de organizaciones y grupos políticos que se han opuesto a ello”, concluyó.
