La administración de Trump ha informado al Congreso sobre su intención de eliminar la asistencia internacional del Departamento de Estado (USAID) a partir del 1 de julio de 2025, lo que ha despertado preocupaciones sobre el futuro de las relaciones exteriores del país.
Esta decisión se produce en un contexto donde se considera que ciertos programas deben ser reorientados para enfocarse en la protección de los intereses nacionales y el fortalecimiento de las asociaciones con aliados estratégicos.
El senador Rubio expresó que “lamentablemente, USAID ha desviado su misión por mucho tiempo”, defendiendo que es necesario un nuevo enfoque para “proteger nuestras prioridades” y “fortalecer nuestras relaciones con aliados clave”.
La decisión de reestructurar esta asistencia se remonta a 1961 y ha sido calificada como “ilegal, peligrosa e ineficiente” por críticos. Estados Unidos ha visto una reducción significativa en sus programas de ayuda, cancelando aproximadamente el 83% de las iniciativas de USAID, salvo algunas excepciones críticas.
A mediados de marzo, se reveló que un juez federal bloqueó cualquier acción adicional relacionada con esta eliminación, argumentando que estas medidas “probablemente violan la constitución de los Estados Unidos”. Esto ha añadido un nuevo componente legal al debate sobre la reforma de la asistencia internacional.
El fallo dictado por el juez Theodore Chuang de Maryland ha impedido avances en el proceso de eliminación, mientras persisten los temores sobre el impacto que estas decisiones podrían tener en la cooperación con instituciones internacionales.
Incluso se han impugnado los planes de desmantelamiento, lo que indica que el caso podría reanudar su curso en los tribunales, manteniendo la incertidumbre en torno a la dirección futura de la asistencia internacional bajo la administración de Trump.
