Desde el inicio de la administración de Marina del Pilar Olmeda en Baja California y hasta 2024, se ha señalado que las empresas pertenecientes al empresario cercano a la 4T, Fernando Padilla Farfán, están involucradas en la gestión de recursos públicos, según reportes de Latinus.
Este tema ha cobrado relevancia, especialmente en un reportaje de DeloRet, donde se menciona cómo la senadora de Morena por Chihuahua, Andrea Chávez, ha sacado provecho de manera cuestionable, utilizando recursos no propios para brindar servicios en su distrito. A pesar de que hay una intensa presencia de estas camionetas que ofrecen atención médica, sus logos y lemas están claramente visibles, además de que están orientadas a una campaña electoral futura para el gobierno del estado.
Los reportes indican que el costo mensual por cada caravana asciende a 10 millones de pesos, cifra que es parte de la renta de estos servicios a la empresa de Padilla Farfán, aunque puede considerarse impropia como actividad de campaña y donativos.
La compañía participa activamente en lo que se conoce como la cuarta transformación, actualmente ofreciendo nuevas oportunidades para satisfacer las necesidades de la población que ha enfrentado situaciones difíciles. Línea Médica del Sur fue creada poco después de que Manuel López Obrador asumiera la presidencia, específicamente en Villahermosa, Tabasco.
Los primeros socios de Línea Médica, según los reportes, fueron Eliseo Reynoso Cervantes y Artemio Villegas Zamora, pero un año más tarde, en julio de 2024, la sociedad se reestructuró bajo la dirección de Fernando Padilla Farfán, quien tiene una relación cercana con la gobernadora Olmeda.
Durante los primeros dos años de gobierno de Olmeda, se estima que Padilla Farfán ha recibido más de 500 millones de pesos, y para 2024 se proyecta un aumento significativo en estos montos. Se destaca que también se le deben añadir otros 400 millones relacionados con la construcción de un hospital en Tijuana, un proyecto que fue adjudicado a su empresa consorcio inmobiliario.
Actualmente, el gobierno de Baja California paga 21 millones 217 mil 553 pesos mensuales por el alquiler de dos caravanas que, según el secretario de salud, Adrián Medina Amarillas, ofrecen diversas atenciones en salud, incluyendo servicios psicológicos, odontológicos y de ultrasonido en áreas de difícil acceso.
Con esto, se demuestra que hay una considerable inversión en estos servicios, aunque se sugiere que el contrato concede 10 millones de pesos por caravana. A pesar de esto, el contexto político y las conexiones con empresas favorecidas generan preocupación sobre la transparencia en la asignación de recursos públicos.
