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Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, se enfrentará a juicio por su supuesta participación en un intento de golpe de estado en el país. La Corte Suprema Federal (STF) aprobó el proceso, que implica a varios exfuncionarios de su gobierno, debido a la intención de asumir el poder tras su derrota electoral en 2022.
Entre los acusados se encuentran siete exmiembros del gabinete de Bolsonaro y altos mandos del ejército, incluyendo a Augusto Heleno, exministro del Gabinete de Seguridad Institucional. La decisión unánime del STF permitirá que las acusaciones presentadas en febrero avancen.
Las acusaciones sugieren que el grupo planeó el asesinato del presidente Lula, de su vicepresidente y del juez del Supremo, Alexandre de Moraes, quien está a cargo del caso. Este plan se vincula a los eventos del 8 de enero de 2023, cuando miles de personas, descontentas, asaltaron las instituciones del estado.
Potencial Pena de Hasta 40 Años de Prisión
Según las autoridades fiscales, Bolsonaro y los otros acusados formaban parte de un núcleo central que tomó decisiones para llevar a cabo el golpismo, sumando otros 26 imputados. Las penas por los delitos que enfrentan pueden llegar hasta 40 años de prisión en Brasil.
El magistrado Alexandre de Moraes, encargado del caso, afirmó que las evidencias presentadas son contundentes, y que se han demostrado los vínculos de los acusados con los intentos de desestabilizar la democracia.
El abogado de Bolsonaro, Celso Vilard, rechazó las afirmaciones de que su cliente haya liderado los intentos de golpe, señalando que en el momento de los ataques, Bolsonaro se encontraba en Estados Unidos. La defensa argumentará en el proceso judicial que las acusaciones son infundadas.
De la Desconfianza Electoral al Asalto a las Instituciones
La Fiscalía sostiene que el plan para mantener a Bolsonaro en el poder comenzó con ataques a la integridad de las elecciones desde 2021 y culminó en el asalto a las instituciones. La defensa del expresidente, al desestimar las acusaciones, enfatiza que él no estaba en el país cuando ocurrió el vandalismo en los edificios gubernamentales.
En los próximos meses, se llevarán a cabo audiencias en las cuales se llamará a testificar a diversas autoridades relacionadas con el caso. Ambas partes buscarán persuadir al STF de sus respectivas posiciones sobre los hechos ocurridos.
