En 2025 se cumplen 13 años sin una ley general de aguas en México. En 2012, se promulgó una reforma constitucional al artículo 4to que reconoció el derecho humano al agua y obligó al Congreso de la Unión a emitir, en un plazo de 360 días, una ley que definiría las bases, apoyos y modalidades para el acceso, uso equitativo y sostenible de los recursos hídricos. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha concretado esta legislación, y los legisladores han incurrido en desacato por no cumplir con sus obligaciones.
Las omisiones legislativas en materia hídrica tienen consecuencias directas para las organizaciones que gestionan el suministro de agua en sus comunidades. La falta de un marco legal adecuado limita su capacidad para operar de manera sostenible y dificulta la toma de decisiones. En México, existen más de 20,000 organizaciones comunitarias que benefician a 25 millones de personas que residen en zonas rurales y periurbanas.
En muchas ocasiones, la gestión comunitaria del agua aborda problemáticas que pasan desapercibidas para la mayoría. El acarreado de agua suele ser un esfuerzo arduo que implica recorrer varios kilómetros, y aún así, muchas veces no se satisfacen las necesidades básicas. Esta situación se agrava por la mala calidad del agua, lo que incrementa enfermedades y muertes por infecciones gastrointestinales, entre otras. La infraestructura necesaria para el abastecimiento, saneamiento y tratamiento de aguas residuales muchas veces está ausente o deteriorada.
Esta falta de atención desde un enfoque normativo ha hecho que el contexto sea más vulnerable e incierto. Las organizaciones comunitarias operan en un entorno de informalidad y precariedad. Según la región del país, enfrentan diferentes realidades de inseguridad e incertidumbre.
Con el fin de mejorar esta situación y atender las dificultades existentes, organizaciones comunitarias, la sociedad civil, académicos y otros actores involucrados han trabajado en la elaboración de un proyecto de ley general de aguas. En 2020, se presentaron diversas propuestas, y recientemente, organizaciones de la sociedad civil han enfatizado la urgencia de atender las omisiones legislativas relacionadas con el agua para garantizar recursos que faciliten la sostenibilidad y resiliencia de estas organizaciones comunitarias.
No obstante, la Planeación Nacional Hídrica de este año contempla 16 proyectos de infraestructura y abastecimiento de agua principalmente en el norte del país, dejando de lado las áreas más marginadas y las implicaciones a los derechos humanos que conllevan dichos proyectos. Esto evidencia una vez más la desconexión entre las políticas públicas y las realidades de las comunidades más vulnerables.
La falta de un marco normativo efectivo se ve reflejada en la incapacidad de las organizaciones comunitarias para operar de manera formal y asegurarse de que sus derechos sean respetados. Es crucial establecer mecanismos que aseguren que estas organizaciones puedan acceder a los beneficios que les otorgan diversas regulaciones. Además, es necesario promover la preservación, el respeto y el reconocimiento de las comunidades en sus derechos al agua.
Con su trabajo, estas organizaciones fomentan prácticas sostenibles relacionadas con el agua, la higiene y el saneamiento, elementos indispensables para disfrutar de una vida digna.
Nayelli Torres Salas es parte del programa de Transparencia de Article 19 México y Centroamérica.
