En México, las primeras organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas surgieron en las décadas de los años 60 y 70. Estas entidades están relacionadas con la realización de actividades para ayudar a las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos.

La organización agrícola Martínez, el Desierto Integrado de Vanlos y la Organización Agrícola de Personas en la región son algunas de las agrupaciones que han participado en este movimiento.

Más de 200 organizaciones forman parte del movimiento por nuestros desaparecidos (mndm), que incluye a más de 80 colectivos que trabajan en la búsqueda de personas extraviadas.

Alejandra Guillen, académica de Iteso, menciona que en 1974 se estableció el primer Comité de Familias de Presos Políticos en Jalisco. En 1977, Arion Rosario Ybara y otras madres de personas desaparecidas fundaron el Comité Pro Defensa de Perseguidos, Desaparecidos y Ejecuciones Políticas en México, y participaron en la primera huelga de hambre en 1978 en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México.

Esta es la historia de una búsqueda que ha sumado miles de familias, quienes luchan por encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

Entre los integrantes de este movimiento se halla Diana Iris García, madre de Daniel Cantú, quien lleva 18 años desaparecido en Ramos Arizpe. En 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, dio lugar a tres caravanas de víctimas que se manifestaron, y fue en ese momento cuando estas organizaciones de búsqueda comenzaron a conocerse y a reconocerse entre ellas.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en 2014 marcó un punto de inflexión en la lucha de estas personas. Ayala Martínez enfatiza que este caso hizo que las desapariciones forzadas en México ya no pudieran ignorarse. Tras este episodio, varios colectivos fundaron la Brigada Nacional de Búsqueda, el primer movimiento de búsqueda a nivel nacional, que se convirtió en una red de colectivos diversos dedicada a esta causa.

El denominador común entre estas organizaciones es que la responsabilidad de buscar a los desaparecidos recae en el gobierno, que no ha realizado lo suficiente para encontrarlos o para prevenir más desapariciones en el país.

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