La aplicación de sanciones por parte de Estados Unidos se centra en varios países de la región, con el objetivo de promover la independencia y combatir la violación de derechos humanos. Esta medida busca sancionar a aquellos responsables de abusos en sus respectivas naciones.
El listado de individuos destacados incluye al dictador venezolano Nicolás Maduro, el líder nicaragüense Daniel Ortega, y otros como los dictadores Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, así como a exmandatarios como el paraguayo Horacio Cartes y el panameño Ricardo Alberto Martinelli.
También figuran en la lista la expresidenta argentina Cristina Kirchner y el exministro Julio de Vido, así como políticos ecuatorianos como el expresidente Rafael Correa y el exvicepresidente Jorge Glas. Estos individuos han sido acusados de corrupción y abuso de poder, lo que pone en relieve los esfuerzos de Estados Unidos en su lucha contra la impunidad en Latinoamérica.
La lista no solo incluye a figuras de gobiernos autoritarios como los de Venezuela, Nicaragua y Cuba, sino también a funcionarios de administraciones democráticas. Estados Unidos ha señalado a Cristina Kirchner por su implicación en el desvío de millones de dólares destinados a obras públicas, reafirmando su compromiso con la denuncia de la corrupción en Latinoamérica.
En El Salvador, Honduras y Guatemala, varios funcionarios han sido objeto de estas sanciones. Destacan figuras como Freddy Raúl Orellana Letona, presidente de la Corte Constitucional de Guatemala, y José Edgardo Bruno Ventura, exmiembro de un partido salvadoreño vinculado a grupos narcotraficantes. Ambos han sido acusados de malversación de fondos públicos y de socavar la democracia.
En Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega ha sido objeto de críticas por su represión hacia la oposición y la manipulación del sistema judicial. Entre los sancionados se encuentran un empresario de Managua y la fiscal general Wendy Carolina Maladra Urbina, quienes son acusados de perseguir a disidentes y apoyar a asociaciones que violan los derechos humanos en el país.
Las sanciones impuestas buscan garantizar que las acciones de los gobiernos, que justifican sus políticas ante la comunidad internacional, no queden sin respuesta. La lista sigue siendo una herramienta clave para Estados Unidos en su lucha contra la corrupción en la región.
