El gobierno de Donald Trump deportó recientemente a cientos de venezolanos bajo la acusación de que eran miembros de una red de narcotráfico. Las deportaciones se realizaron a El Salvador, según informaron fuentes de la administración estadounidense.
Trump invocó una ley de 1798 que permite la expulsión de “enemigos extranjeros”, pero un juez federal de Washington, James E. Boasberg, bloqueó dicha deportación. La legislación judicial también está en juego.
El 19 de marzo de 2025, diversos congresistas y miembros del Partido Republicano pidieron mayor inclusión en el proceso de inmigración.
Desajustes en el sistema judicial
La justicia estadounidense enfrenta múltiples desafíos. Por ejemplo, un juez federal ordenó la paralización del cierre de la agencia de ayuda al desarrollo USAID. Asimismo, un juez en Maryland detuvo temporalmente la expulsión de personas promovida por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Adicionalmente, un tribunal en Washington ordenó al gobierno pagar subvenciones por un total de 14,000 millones de dólares debido a preocupaciones ambientales.
Trump expresó en una entrevista con Fox News: “Tenemos jueces fuera de control que están destruyendo nuestro país.” A lo que respondió sobre las decisiones judiciales: “No, eso no se puede permitir.”
¿Deportaciones ilegales?
Según Johannes Tim, un representante del grupo SWP en Berlín, “Trump está desafiando abiertamente a muchos tribunales”. Se apuntan a ciertos indicios de que las decisiones judiciales están siendo cuestionadas de manera abierta. El “Zar de las Fronteras” nombrado por Trump, Tom Homan, afirmó en Fox News: “No me importa lo que piensen los jueces.” Además, comentó que estas decisiones deberían ser motivo de celebración.
La Ministra de Justicia, Pam Bondi, también criticó la suspensión de deportaciones, afirmando que el presidente menospreciaba la autoridad judicial. Las resoluciones de los jueces ponían en riesgo a la población y las fuerzas del orden.
La separación de poderes en peligro
Johannes Tim advierte que se trata de un serio problema. En su opinión, “el poder legislativo prácticamente ha abdicado de su control sobre el presidente.” Desde las elecciones, los republicanos tienen la mayoría en ambas cámaras y son prácticamente leales a Trump.
El poder judicial, que aún queda, ha enfrentado numerosas dificultades. “El hecho de que Trump esté empezando a desafiar las decisiones judiciales podría desencadenar una crisis constitucional,” sostiene Tim. Eventualmente, las autoridades de seguridad podrían tener que cumplir órdenes contradictorias.
¿Hacia la autocracia?
John Roberts, presidente del Tribunal Supremo, rechazó la propuesta de Trump para reemplazar a algunos jueces. Según él, “las demandas judiciales son fundamentales para la salud de la nación”, y enfatizó la importancia de la apelación.
Sin embargo, algunos expertos temen que Trump trate de controlar el poder judicial sin que nadie pueda hacer algo al respecto. “Así, podría haber un gran paso hacia la abolición del Estado de derecho en Estados Unidos,” concluye Tim.
