Los acusados extranjeros que son enviados a Estados Unidos raramente enfrentan la pena de muerte, sin importar la gravedad de las acusaciones en su contra.
Las circunstancias del mundo real son complejas, y el lugar donde se encuentran tiene un importante impacto en su destino final, incluyendo castigos severos como la pena capital.
Los fiscales estadounidenses han solicitado formalmente la pena de muerte para el narcotraficante Rafael Caro Quintero, lo que podría marcar un cambio significativo para ambos países y evidencia la creciente agresividad de la política estadounidense hacia México.
Históricamente, México solo ha extraditado a delincuentes a Estados Unidos bajo la condición de que no enfrenten la pena de muerte, en un acuerdo tradicional con Washington.
Esta situación otorga al gobierno mexicano cierta flexibilidad para acelerar los traslados.
Para México, la pena capital es un tema delicado, mientras que en Estados Unidos, bajo la administración de Trump, puede verse como un instrumento de la justicia.
Desde hace décadas, México ha luchado firmemente para evitar que sus ciudadanos sean ejecutados en Estados Unidos, un desafío que ha condicionado los tratados de extradición desde los años 70.
En 2017, México acordó la extradición de Joaquín “El Chapo” Guzmán bajo la condición de que no se solicitara la pena de muerte, siendo condenado a cadena perpetua en 2019.
Claudia Sheinbaum, la nueva jefa de gobierno de la Ciudad de México, puede tener la libertad de actuar audazmente en este contexto, siendo ella popular en un clima de creciente nacionalismo.
Según Emily Edmonds Poli, este es un momento crucial que podría abrir oportunidades previamente cerradas.
El enfoque del predecesor de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, basado en la estrategia de “abrazos, no balazos,” ha ido perdiendo efectividad en el escenario actual.
Las negociaciones para la extradición de narcotraficantes mexicanos cobraron impulso durante la administración de Biden. La Casa Blanca ha estado trabajando en estos acuerdos desde que Sheinbaum asumió el cargo en octubre, y el traslado final fue negociado poco después de su toma de posesión.
Austin Sarat, profesor de Amherst College, señala que este proceso es fundamental y representa un cambio importante en los procedimientos legales.
Caro Quintero es un objetivo especialmente deseado para los fiscales estadounidenses, dado su notoriedad en el ámbito del narcotráfico.
Caro Quintero pasó décadas en una prisión mexicana, pero fue liberado en 2013 debido a un tecnicismo legal. Fue recapturado por las autoridades en 2022. Su abogado mencionó que su cliente tiene derecho a un juicio justo.
Es probable que pasen meses antes de que los fiscales estadounidenses presenten su solicitud formal para la pena de muerte. Un portavoz del distrito se negó a comentar sobre el tema.
Los requisitos para la pena capital son estrictos y requieren tiempo para cumplir con los procedimientos adecuados, lo que puede afectar la opinión pública sobre su aplicación.
Más de la mitad de los estadounidenses apoyan la pena de muerte, según una encuesta de Gallup, aunque este porcentaje ha disminuido desde el 80% de hace tres décadas. En 2024, se registraron 25 ejecuciones en Estados Unidos, en comparación con 85 en el año 2000.
El presidente Joe Biden, quien durante su campaña se opuso a la pena capital, ha impuesto una moratoria sobre las ejecuciones de 37 de los 40 condenados.
Por otro lado, Trump y sus aliados favorecen un enfoque más punitivo en el sistema de justicia, y Trump ha expresado consistentemente su apoyo a la pena de muerte. En 1989, realizó anuncios pidiendo la pena capital en respuesta a un ataque en Central Park, aunque no directamente contra los involucrados en ese caso.
En 2017, después de un ataque terrorista en Nueva York, Trump reiteró su enfoque y reinició las ejecuciones federales tras una pausa de 20 años, proponiendo que los narcotraficantes pudieran ser condenados a muerte.
