Es evidente que se ha iniciado una nueva era. Actualmente, los campesinos se ven obligados a detener su producción para asegurar su sustento, pero el gobierno mexicano se niega a cooperar, lo que pone en riesgo a miles de personas.
Texto: Alejandro Lewis
Foto: Heriberto Paredes / Archivo Pie de Página
Mexicali, Baja California. – Las provincias del mundo no solo están alertadas, sino que también son cruciales para quienes habitan en ellas.
Este año se conmemora el 330 aniversario del establecimiento de los artes empresariales (CILA), un organismo binacional que ha funcionado desde 1944.
A pesar de que se firmó en marzo de este año, se han retomado disposiciones anteriores adoptadas por la CILA desde 2010, tras un terremoto en Baja California que dañó gravemente la infraestructura de riego. Este evento llevó a que se planteara que el agua mexicana se resguardara en el lago Mead, en Estados Unidos, que ahora controla la cantidad de agua destinada a México.
Dicha medida, en la práctica, cede el control del agua mexicana a intereses y políticas norteamericanas, bajo la gestión de la Comisión Nacional del Agua.
Además del acaparamiento del agua mexicana por parte de Estados Unidos, los ejidatarios del Valle de Mexicali también enfrentan las consecuencias del cambio climático. Desafortunadamente, el futuro de sus tierras y de sus familias está condicionado por la falta de atención de las autoridades hacia los campesinos.
Protegiendo al vecino del Norte
Entre las medidas que establece el Acta 330 de la CILA se encuentra el registro de agua de la cuota mexicana del río Colorado, lo que afecta directamente a las familias de la cuenca. También se busca proteger la generación de energía eléctrica de la presa Hoover.
Iván Martínez Zazueta, geógrafo y miembro de la Coalición Ciudadana del Agua de Baja California, explica: “Este nuevo acta se firmó como una medida adicional ante la crisis hídrica en la cuenca del río Colorado, sobre todo por el riesgo a la hidroeléctrica que representa continuar con las reducciones. Se esperaba la firma de este acta, dado el contexto que ya estaba previsto.”
El nuevo registro estipulado por el Acta 330 establece que se reducirán 493 millones de metros cúbicos de agua para México en 2024. Como contraprestación, el gobierno de Estados Unidos ofrecerá un fondo de 65 millones de dólares para cubrir la escasez de agua, en comparación con los 31.5 millones que se ofrecían en 2017. La diferencia es que ahora la reducción no es opcional, sino un mandato.
La Contraloría del Agua indica que cualquier recorte de agua de la cuota mexicana del río Colorado, como el estipulado en el Acta 330, es insostenible y tiene consecuencias económicas significativas. Sin embargo, justifica que es una medida binacional para mitigar la severe crisis hídrica en la cuenca, buscando una distribución más equitativa de los recursos y priorizando a los sectores más afectados y vulnerables.
La propuesta 90/10
Ante la abierta disposición de los ejidatarios para buscar soluciones, se reconoce que la megasequía es un hecho, así como la dependencia entre Estados Unidos y México, sobre todo en la frontera. Conscientes de ello, invitaron a investigadores a diseñar un plan para mitigar los efectos de la reducción de agua. Así surge el Doctor Alfonso Cortez Lara, quien, junto con otros expertos en agua, propuso el plan denominado 90/10.
Esta propuesta busca distribuir equitativamente 60 millones de dólares de la ayuda ofrecida por el gobierno de Estados Unidos ante el recorte de agua. El planteamiento destina el 10% (aproximadamente 6 millones de dólares) a la construcción de infraestructura hídrica, respaldada por 21.5 millones ya estipulados en el acta 323, generando una bolsa adicional de más de 27 millones. El restante 90% se destinaría a cubrir necesidades en la cuenca.
Iván Martínez, que colabora con el investigador Cortez Lara, subraya que “la producción en el campo no es simplemente un asunto económico, sino que está íntimamente relacionado con la posibilidad de mantener la tierra en uso. Si los agricultores tuvieran los recursos para seguir produciendo y las condiciones del mercado fueran favorables, no dejarían sus tierras. Esta es una realidad: los ejidatarios piensan que esta propuesta es la única alternativa para asegurar su sustentabilidad.”
La propuesta 90/10 fue aceptada y discutida en diferentes módulos de diálogo. Según el abogado de los ejidatarios, Yasser Ismael Salinas, la propuesta impacta a unas 2,500 personas, directas e indirectas, vinculadas a la producción en el valle de Mexicali.
Sin embargo, la aceptación de esta propuesta se vuelve la única alternativa viable.
Iván Martínez es claro: “La institucionalidad es delicada, y hay que estar preparados para defender lo que es justo.”
El desafío de la Comisión
La postura de la Conagua ante la propuesta 90/10 es que esta medida podría afectar el abasto de agua público y urbano en ciudades de Baja California. Al comparar la propuesta, se infiere que las marcas de cervezas podrían recibir más beneficios a costa del suministro de agua para la población.
Los argumentadores replican que las tierras que no son parte de la cuota no deberían ser aplicadas en la Acta 330. Por el contrario, la propuesta 90/10 busca equilibrar la carga entre los intereses agrícolas y urbanos.
Además, explican que el descanso de tierras es totalmente diferente a la renta o venta de agua para industrias, como se pretendía hacer con las marcas de cerveza. La diferencia es que el descanso de tierras es un programa basado en un registro, que busca mitigar los efectos de la crisis hídrica, y, independientemente de su implementación, esta situación seguirá generando problemas.
La paciencia se agota, y aunque ahora hay un momento de calma, los ejidatarios han demostrado que están dispuestos a luchar por sus territorios y derechos.
