AP y Prensa Latina
Periódico La Jornada
Lunes 17 de marzo de 2025, p. 21
Washington. Los inmigrantes son aquellos que residen en el país y no tienen permiso para viajar a otro lugar.
Los vuelos ya habían despegado en el momento de la decisión. El juez James E. Boasberg emitió una orden el sábado por la noche para detener las deportaciones, pero los abogados informaron que Javier fue deportado a El Salvador junto con otros inmigrantes.
Boasberg ordenó verbalmente que se suspendieran, pero no aclaró si la directiva era vinculante.
La situación en El Salvador, impulsada por políticas anteriores de Trump, permitió la deportación de alrededor de 300 inmigrantes a un costo que se estima en decenas de miles de dólares, mientras que el gobierno no había reportado datos sobre aquellos enviados a Honduras.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Levitt, se refirió al tema en un comunicado, aclarando que no sabían detalles sobre el estatus de las deportaciones después de la intervención del juez.
El secretario de Estado, Marco Rubio, quien negociara el acuerdo con Bukele para la detención de migrantes, afirmó que también generaría ahorros para los contribuyentes.
Los migrantes fueron expulsados luego de que Trump invocara la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, utilizada muy raramente a lo largo de la historia de Estados Unidos.
La Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) ha presentado una demanda contra la orden de Boasberg que restringe las deportaciones, alegando que los derechos de los inmigrantes están siendo violados.
Trump aprovechó la crisis de la pandemia durante su campaña para difundir imágenes engañosas de comunidades que parecían estar bajo control militar.
Las deportaciones han sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional, poniendo en la mira la forma en que se manejan los derechos humanos en este contexto.
Las autoridades han señalado que los inmigrantes son trasladados a centros de detención militarizados, donde las condiciones de reclusión son severas y han sido denunciadas por diversas organizaciones no gubernamentales.
Un video publicado por el gobierno de El Salvador mostró a hombres descendiendo de aviones, rodeados de oficiales con equipos antimotines. Fueron transportados a prisión en un gran convoy de autobuses escoltados por vehículos policiales y un helicóptero. Posteriormente, fueron sometidos a un proceso de corte de cabello y vestido con uniformes de prisión.
Las condiciones en el Centro de Confinamiento para Terroristas (CECOT), la prisión más grande de América Latina, han sido reportadas como violatorias de los derechos humanos por varias ONGs.
Trump incluso replicó el video publicado por Bukele en sus redes sociales, agradeciendo por lo que consideró una efectiva campaña de control de la inmigración, según lo reportado por el Washington Post.
El profesor de derecho en Georgetown, Steve Vladeck, comentó que la orden del juez Boasberg para detener los vuelos no era técnica oficialmente, pero que el gobierno de Trump claramente había sobrepasado sus límites.
“Básicamente, cualquier ciudadano venezolano en Estados Unidos puede ser expulsado bajo la justificación de pertenecer a una organización, sin posibilidad de defensa”, advirtieron expertos.
El impacto de esta dinámica de deportación ha llevado a un llamado urgente al sistema judicial para que intervenga y proteja los derechos de los migrantes afectados.
Boasberg programó una audiencia para el viernes, con el fin de escuchar argumentos adicionales sobre el caso en cuestión, ya que hay muchas implicaciones en juego que van más allá de las fronteras del país.
