En Ciudad de México, los traslados de los vuelos provenientes de El Salvador han sido objeto de controversia. El juez de distrito James E. Boasberg emitió un fallo el sábado por la noche que impide las deportaciones, aunque los funcionarios han informado que algunos vuelos regresarán. La situación sigue siendo incierta y causa preocupación entre los afectados.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien es aliado del expresidente estadounidense Donald Trump, hizo una publicación en inglés mencionando que era “demasiado tarde” para revertir decisiones recientes sobre el tratamiento de migrantes. Bukele había acordado recibir a aproximadamente 300 migrantes durante un año a cambio de 6 millones, información que fue confirmada por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.
Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU., también se pronunció sobre el acuerdo, enfatizando que resultaría en un ahorro para los contribuyentes estadounidenses. Este acuerdo se enmarca en el contexto de la crisis migratoria que enfrenta la región, particularmente Venezuela.
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ha demandado al gobierno por las restricciones en las deportaciones y está solicitando aclaraciones sobre las acciones del gobierno estadounidense. En un comunicado, el ACLU expresó su deseo de asegurar que las decisiones de deportación no violen derechos fundamentales.
En respuesta a las declaraciones de Trump, el gobierno venezolano rechazó su retórica, señalando que evoca los momentos más oscuros de la historia. La crisis en Venezuela ha llevado a millones de ciudadanos a buscar mejores condiciones de vida en otros países.
Las autoridades han documentado el creciente problema con las pandillas, como el Tren de Aragua, cuyas actividades se originaron en una prisión en Venezuela. Sin embargo, la administración de Trump no ha presentado evidencia concreta de que los migrantes deportados estén relacionados con estas actividades delictivas.
Un video difundido por el gobierno salvadoreño muestra a hombres encadenados y siendo conducidos por autoridades, lo que ha suscitado condena por el trato dado a los deportados. Este tipo de acciones pone de relieve la severidad de las políticas implementadas por el gobierno de Bukele en su intento por combatir la violencia en su país.
