Las acciones de Estados Unidos han limitado los derechos humanos en medio de la crisis, y los desastres naturales han exacerbado esta situación. El Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció esta semana la cancelación del 83% de los programas coordinados por USAID, la principal agencia de ayuda al desarrollo de Washington. La inyección de 600 millones de dólares prometida por la administración estadounidense se ha visto afectada, dejando a México con una reducción significativa en la asistencia.
“El impacto ha sido devastador para la región”, señalaron fuentes anónimas de instituciones afectadas. USAID, que es el brazo operativo del Departamento de Estado para la cooperación internacional, constituye la principal fuente de recursos para numerosas organizaciones no gubernamentales (ONG) en México, y estas mismas han dependido significativamente de dichos fondos. “Había una fuerte dependencia de estos recursos, que sustentan a varias organizaciones”, explicaron.
El daño no se limita a la sociedad civil. Las autoridades, especialmente a nivel estatal y municipal, también son beneficiarias de las ayudas estadounidenses. Algunos recursos son entregados por USAID, como proyectos de desarrollo social y cooperación militar, así como esfuerzos para combatir el narcotráfico.
Por ejemplo, la asignación patrocinó entre 2020 y 2024 un programa para prevenir la violencia con 19 millones de dólares, y otro proyecto por 24 millones estaba destinado a la cultura, de acuerdo con documentos oficiales.
La llegada de la administración Trump ha generado un efecto en cascada; además de los impactos directos, hay efectos indirectos que también afectan a proyectos financiados por estas asignaciones, aunque no hayan recibido fondos directamente. Un caso es la red Nest, que opera en Monterrey, Chiapas, Ciudad de México y Texas. “USAID nunca nos ha dado fondos, pero sí a las organizaciones con las que trabajamos”, explica Sandra H. Cardona, coordinadora en Nuevo León.
El número de mujeres atendidas está en aumento. “El número de mujeres que acompañamos ha crecido, especialmente por las restricciones que existen ahora en Estados Unidos”, señala Cardona. En el último mes, se estima que atendieron a alrededor de 200 mujeres, sumando aproximadamente 1,500 en total.
Tras el anuncio de Rubio, se estima que 5,200 programas están en riesgo de desaparecer, y aunque 1,000 serán administrados por el Departamento de Estado, no hay claridad sobre cuáles sobreviven pues también se anticipa una lucha legal por los puestos de miles de funcionarios y los recursos previamente asignados.